Tras conocerse las intenciones de la administración autonómica de proceder al cierre de estas dependencias en Algeciras, Pérez recordó que fue el propio alcalde, José Ignacio Landaluce, el que promovió una reunión en la Subdelegación del Gobierno para exigir la permanencia de la oficina en la ciudad, una reunión que, como evidencian los hechos, no produjo los frutos deseados.
Landaluce también tuvo ocasión de trasladar al presidente de la Junta, José Antonio Griñán, esta situación, sin que tampoco se haya producido respuesta alguna.
La delegada de Turismo se refirió a la propuesta realizada por la Delegación Provincial de Turismo, quien, a través de un convenio proponía compartir la gestión con el Ayuntamiento a través de un convenio que Pérez Custodio a calificado de “insultante”, puesto que desde la delegación provincial se ofrecía una cantidad anual de 6.000 euros (500 euros al mes) para colaborar con los gastos de gestión de este servicio.
La edil recordó que los gastos sólo de personal son de 346.949 euros al año, a lo que se tienen que sumar los producidos por el consumo eléctrico, agua, internet o limpieza, que oscilan entre los 12 y los 15.000 euros mensuales.
Además, Pérez recordó que en este convenio tampoco existía el compromiso de arreglar el edificio, que presenta importantes deficiencias (sobre todo filtraciones y humedades), situación que la Junta conoce desde noviembre, cuando se remitió el informe realizado por técnicos municipales, y cuyo presupuesto de arreglo asciende a más de 62.000 euros, cantidad que la administración autonómica tampoco está dispuesta a asumir.
En estas condiciones, el Ayuntamiento no va a firmar ningún convenio, si bien la concejal se mostró dispuesta a seguir presionando ante la Junta para que Algeciras pueda volver a contar con una Oficina de Turismo, y que se tomarán “medidas paliativas” como la instalación de puntos informativos en lugares concretos.