El diputado nacional del Partido Popular (PP), José Ignacio Landaluce, aseguraba ayer que el informe elaborado por el Gobierno de Gibraltar del que se deduce que más de un 60 por ciento del casco del New Flame y parte de la chatarra que portaba en el momento de su hundimiento todavía permanecen en el lecho de la Bahía de Algeciras es motivo de preocupación para la formación a la que representa.

Estos restos, asegura el diputado, con el paso del tiempo se siguen deteriorando a marchas forzadas y “siguen contaminando nuestras aguas un año y medio después de que se produjera el hundimiento del chatarrero”.

Existen dos cuestiones que quedan claras para el PP después de conocerse los datos aportados por el informe. En primer lugar, Landaluce asegura que ésta “es una muestra más que palpable de la incapacidad del Gobierno de Gibraltar para gestionar la retirada de los restos del buque, una cuestión que resulta aún más preocupante cuando incluso se apuntó a poco probables escapes de fuel”.

La segunda de las cuestiones que preocupan al partido, prosigue Landaluce, es la postura que viene manteniendo el Gobierno español en todo este asunto, “que sigue mirando a otro lado cuando Gibraltar está demostrando su ineficacia para resolver un problema que afecta de manera directa los intereses de España y, sobre todo, del medio ambiente marino y las costas del Campo de Gibraltar”.

Estas son razones más que suficientes por las que el PP va a seguir exigiendo la comparecencia de los ministros de Exteriores, Medio Ambiente, Medio Rural y Marino y Fomento, Miguel Ángel Moratinos, Elena Espinosa y Magdalena Álvarez respectivamente, para que den explicaciones sobre el posicionamiento de sus respectivos ministerios y, por tanto, del Gobierno de España, sobre las actuaciones que Gibraltar está llevando a cabo tanto con la retirada y desguace del Fedra como de la retirada de los restos del New Flame.

“Hasta el momento, ninguno de estos ministros ha mostrado preocupación alguna por estos hechos, y, con su silencio cómplice, están otorgando al Gobierno de la colonia británica una responsabilidad para laque, habida cuenta de los hechos, no está preparado”. Concluye afirmando que “o bien Gibraltar se pone las pilas y acaba con estos dos problemas o el Gobierno español asume, como así debería ser, la responsabilidad de retirar los restos de unas aguas que, sin duda alguna, le pertenecen y por tanto a él le corresponde su retirada”.