El Ayuntamiento de Jerez no contempla la readmisión de los 260 trabajadores incluidos en el Expediente de Regulación de Empleo (ERE) que el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) ha considerado hoy que no se ajusta a derecho.
El portavoz del Gobierno local, Antonio Saldaña (PP), ha advertido en rueda de prensa de que el Consistorio adoptó en su momento “una decisión” en base a su “compromiso con los ciudadanos” porque “no se podía permitir un coste de personal y servicios como el que tenía”.
Ese “camino” sigue “su curso” a pesar de la decisión judicial, ya que el TSJA “ni tumba ni declara nulo” el expediente, además de “confirmar” que en el procedimiento “no se vulneraron derechos fundamentales” ni se produjeron despidos en base a ningún tipo de “discriminación política”.
Tras estudiar la sentencia, el Gobierno local entiende que el auto confirma también “la existencia de causas económicas” justificativas del expediente, así como “el cumplimiento de la tramitación del periodo de consultas y de negociación, la aportación de la documentación y el respeto a los derechos fundamentales de los trabajadores”.
De los 260 trabajadores incluidos en el ERE, 125 lo fueron por haber alcanzado los 59 años, un criterio que el auto no pone en entredicho.
Los 135 afectados fueron seleccionados en base a otros criterios, por delegaciones, categorías profesionales y competencia.
El auto recuerda en este último punto que el Consistorio aplicó un criterio de “evaluación continua” que, en la práctica, abría la puerta a la inclusión en el expediente de cualquier trabajador.
Las valoraciones del personal se realizaron “sin pedir el correspondiente currículum” a los trabajadores, “sin valorar” el tiempo de prestación de servicios o su formación específica para el puesto que ocupaban.
El Gobierno local entiende por tanto que es a estos últimos trabajadores a quienes correspondería readmitir o, en su defecto, indemnizar con 45 días por año trabajado al considerarse sus despidos improcedentes.
Por este motivo, el Ayuntamiento va a solicitar al tribunal una “aclaración” sobre el alcance real de la sentencia, para de este modo determinar “a qué trabajadores deben aplicarse” las medidas que contempla el auto.
El Ejecutivo adoptará las “decisiones oportunas” una vez que el TSJA aclare esta cuestión, pero siempre partiendo de la base de que “el camino iniciado va a seguir su curso” porque “los jerezanos no se pueden permitir un gasto de estas dimensiones” en el capítulo de personal.
En el supuesto de que sólo debieran de incrementarse las indemnizaciones a los 135 afectados que fueron despedidos en base al criterio de edad, el importe que el Consistorio debería abonar a los afectados sería “significativamente menor” a los 5,3 millones de euros que pagó en su momento al conjunto de trabajadores incluidos en el ERE.
