El bloque 3 de la barriada de La Constitución (MOPU) lleva cuatro meses sin ascensor por los impagos que la comunidad acumula con la empresa de mantenimiento. El caso no tendría nada de particular si no fuera por el hecho de que la propietaria del edificio es la Junta de Andalucía.
La base del problema es que la mayoría de los vecinos no hace frente a los gastos de la comunidad, un asunto que gestionan ellos mismos a pesar de que el edificio es de titularidad pública. De las 34 familias que residen en el bloque apenas un tercio cumple con el pago mensual de 22 euros, lo que justifica que el total de recibos impagados sume a día de hoy la friolera de 7.100 euros.
Los vecinos que tratan de gestionar los gastos propios de la comunidad quieren que sea la Administración autonómica la que se haga cargo de cobrar los atrasos y de dar viabilidad económica al edificio, que tiene a sus dos ascensores averiados porque se adeudan alrededor de 3.400 euros a la empresa de mantenimiento.
“La Junta no está reclamando ni el pago de los alquileres a muchas familias. Eso no me importa, ellos sabrán lo que hacen, pero lo que queremos es que se hagan cargo de gestionar los pagos a la comunidad, porque eso sí que nos afecta al resto de vecinos”, explica Ángeles Sánchez, que vive en la octava planta y no tiene ya posibilidad material de traer a su madre a su casa.
La imposibilidad de reparar los ascensores ha dado lugar en estos últimos meses a situaciones que los propios vecinos califican de “vergonzosas”. Por ejemplo, una mujer enferma que residía también en la última planta debió ser evacuada por los servicios de Urgencias a través de la azotea. “Como no podían bajarla por la escalera, la subieron a la azotea y la bajaron por el ascensor del bloque 1; y cuando regresó del Hospital tuvieron que repetir la operación”, recuerda Ángeles Sánchez, que ha puesto ya el caso en conocimiento de la Administración autonómica.
