Cañada subrayó que se están violando “derechos fundamentales, como ya hicieron con la negociación del expediente anterior con una negociación a espaldas del comité. Todo es una pantomina para quitar las prestaciones a los trabajadores y que el despido les salga gratis. El comité le daba todo lo que pedían sólo a cambio de garantías reales, cosa que no se ha logrado”.
El presidente del comité destacó que “60 personas fuera del convenio han votado para quitarle las condiciones laborales a los empleados de convenio, cuando además no se ha presentado ninguna viabilidad para la planta. Las cuestiones del equipo de cogeneración y el almacén ya estaban reflejadas en 2007 y no las han llevado a cabo nunca. La empresa está en quiebra técnica y no hay quien arranque esto”.
Cañada incidió en que “el expediente presentado es ficticio, sólo para pedir las ayudas de la Junta de Andalucía. La gente seguirá en el paro y en la planta quedarán 20 como mucho” durante un tiempo, en referencia a la extensión del Expediente de Regulación Temporal de Empleo (ERTE) vigente.
Desde el comité se critica que “tampoco se reflejen fechas de cuándo van a iniciar la producción. Además, si se entra en un concurso de acreedores nada será válido”. Cañada también remarcó que el escrito reenviado por los 31 trabajadores destaca que “el proceso es ilegal. Las asambleas son ilegales porque no se han pedido al comité de empresa”.
Delegación provincial
Todas estas declaraciones se producen después de que el delegado provincial de Empleo de la Junta, Juan Bouza, tuviera ayer constancia del acuerdo alcanzado entre representación sindical y empresa y ratificado por los propios empleados
Como se recordará el respaldo sindical se produjo con el apoyo del 64,81% de los 94 empleados de la compañía. En total, votaron 63 trabajadores, con 61 votos positivos, una abstención y un voto nulo.
El pacto alcanzado por empresa y sindicatos supone el paro de la producción hasta marzo y la congelación de sueldos por cuatro años.
