Se espera que hoy en Londres, los jueces lean un breve sumario de sus conclusiones y en ese punto las partes, incluyendo al gobernador, cuatro grandes firmas de abogados del Peñón, el Gobierno gibraltareño y el propio juez, conozcan el desenlace de este caso. La decisión que se dará a conocer hoy es la culminación de un tortuoso proceso que ha tenido en vilo a la comunidad legal de Gibraltar durante más de dos años.
El pasado año, tras una queja formal sobre el juez Schofield realizada por las principales firmas legales del Peñón, se creó un tribunal disciplinario de tres jueces para estudiar profundamente los detalles de las alegaciones sobre el juez supremo.
Este tribunal escuchó los testimonios de personas de todos los niveles del mundo político y legal del Peñón, incluyendo al propio juez suspendido y al ministro principal, Peter Caruana.
Entre las numerosas quejas presentadas contra el juez, había alegaciones de que se había extralimitado en el ejercicio de su cargo y que había intentado influenciar el debate político, en particular con relación a la nueva Constitución de Gibraltar y el consiguiente acta de servicios judiciales.
En su propia defensa, el juez Schofield aseguró que siempre actuó preocupado por la independencia de la judicatura y por el beneficio de Gibraltar. Rehusó asimismo cualquier sugerencia de que había actuado por motivaciones personales o políticas.
En un condenatorio informe, el tribunal especial recomendó que el juez fuera retirado de su cargo, basándose en que no era apto para el mismo.
El caso fue entonces trasladado al Consejo Privado de la Corona por el antiguo gobernador del Peñón, Sir Robert Fulton. En este Consejo, un panel de siete jueces, de los más prestigiosos del Reino Unido escucharon las alegaciones del caso el pasado mes de junio.
Casi cinco meses después estos siete jueces han alcanzado una conclusión y sus recomendaciones finales serán conocidas hoy.
