Esta resolución judicial recogía la consideración de la maestra como “autoridad”, haciendo suya la jueza una interpretación de los artículos 550 y 551 del Código Penal por la que se considera atentado la agresión a una docente. En estos casos, la pena puede alcanzar hasta los cuatro años de cárcel, incluso seis, en el caso de algunos altos funcionarios.
Si bien la edil no se consideró en posición de expresar una política oficial de su partido a nivel nacional respecto a esta interpretación, Pizarro insistió en que "tenemos todos que apoyar la tarea diaria desarrollada por un profesor", ya que en los últimos años “los maestros han perdido muchísima autoridad en las aulas, tanto por parte de algunos de los niños como de los adultos”. En declaraciones a este diario, la edil consideró que “sentencias de este tipo pueden frenar la violencia en la sociedad actual”, que por otra parte calificó de “intolerable” en el ámbito educativo.
La concejala reconoció que le llega “por comentarios” y “no directamente” los casos de profesores que han sido agredidos, incluso por alumnos de Primaria. A este respecto, tendió su mano y la de la delegación que representa a los afectados, animando a “dar parte” de los hechos. Por último, Pizarro se mostró esperanzada de que esta resolución “frene un poco a las personas violentas” .
Sindicatos
La delegada de Educación de CSI-CSIF, Rosa López Cózar, cuya formación dio a conocer la sentencia, indicó la disposición de la asesoría médico-jurídica de la Delegación de Educación, no poniendo impedimentos a la petición de bajas en casos de agresiones violentas, y ofreciendo, en caso de que el docente sufra reparos a la hora de volver al colegio donde sufrió la agresión, comisiones de servicio. López Cózar reconocía que ésta suele ser la opción preferida por la mayoría de profesores en esta situación.
López Cózar hizo referencia también a las agresiones de baja intensidad -insultos, vejaciones, mofas y hasta grabaciones en el móvil y con una web cam- que sufren los maestros. Reveló además que en fechas muy recientes un docente fue objeto de grabaciones en un móvil en un centro de secundaria, cuya denominación prefirió no revelar- que originó la expulsión inmediata de los responsables. Finalmente, la sanción quedó ahí, ya que la cuestión no llegó a los tribunales.
Por su parte, el delegado de Educación de UGT en la comarca, Luis Vilches, se lamentó de que en los centros escolares siguen manteniendo “silencio respecto a estas cuestiones”, ante el miedo de que “se pueda tachar al colegio de conflictivo”. Para Vilches, “es muy positivo que estos casos lleguen a la opinión pública”. De igual modo, recordó que en muchos casos las agresiones también llegan al personal de administración y servicios de los centros.
