Esta semana ha ocurrido algo insólito. Contra todo pronóstico, una plataforma ciudadana ha conseguido que un gobierno municipal dé marcha atrás en el desarrollo de un proyecto urbanístico que consideraban perjudicial para el municipio.
Para este tipo de casos el manual suele decir lo siguiente: un ayuntamiento decide promover un proyecto bajo el amparo de la creación de empleo y actividad económica; un grupo de vecinos advierte del perjudicial impacto futuro del proyecto; los partidos de la oposición ven un filón en la denuncia y se suman a las protestas; el gobierno trata entonces de contrarrestar la crítica con argumentos económicos y políticos (apunta a las siglas del adversario y a la difusión de bulos); la movilización acaba organizada bajo una plataforma y traslada su voz a las calles y los plenos; el proyecto, pese a la presión, termina saliendo adelante porque tiene todos los informes favorables y contribuye a las arcas públicas; llegadas las elecciones municipales el pueblo puede dictar sentencia con su voto, aunque un posible cambio de gobierno no hará retroceder las cosas.
Eso es lo que dice el manual, porque estamos hartos de verlo y de vivirlo, pero en el caso de Tarifa, que es donde ha ocurrido, el manual ha saltado por los aires: lo insólito, en cualquier caso, no ha sido el éxito de la movilización vecinal -incluso en la derrota de estas movilizaciones pervive la victoria moral y emocional-, sino la rendición del propio gobierno, que ahora tratará de rentabilizar el gesto benevolente, si no ganar tiempo para retomar más adelante la iniciativa con más garantías -no debía tenerlas si ha actuado así- y otro enfoque más participativo, ya que achaca la reacción social a un fallo de comunicación: no ha sabido explicar ni trasladar a la ciudadanía el proyecto en sí.
De momento perduran los rostros de felicidad entre los vecinos que se concentraron este jueves ante el Ayuntamiento tras conocer la decisión municipal, aunque son conscientes de que han ganado “una batalla, pero no la guerra”. Suya es la victoria y el ejemplo, aunque pese como una losa la evidencia de que puede acabar convertida en la excepción que confirma la regla o, en este caso, el manual.
Lo ocurrido en Tarifa ha coincidido con el estreno de una película española, El 47, que relata la lucha vecinal de un barrio de clase trabajadora de Barcelona en los años 70 para conseguir que el transporte público llegara a sus calles. Cierto sector de la política progresista catalana ha ido a hacerse la foto al estreno de la película, e incluso Pedro Sánchez se ha dejado fotografiar a la entrada de un cine al que fue a verla con su mujer, como si en vez de espectadores estuviesen proclamando su compromiso con las causas sociales.
En este sentido me ha parecido maravilloso algo que ha recordado una de sus protagonistas, Clara Segura, acerca del auténtico compromiso político: “Cuando Pasqual Maragall fue alcalde de Barcelona dedicó una época a residir durante una semana en casa de algún vecino de los distintos barrios de la ciudad. Es una forma pragmática de darte cuenta de que lo que tú tienes no es lo que tiene todo el mundo”.
Ver algo así hoy en día también sería insólito. ¿Se imaginan a su alcalde o alcaldesa siguiendo el ejemplo de Maragall? Pero siguiéndolo sin exhibicionismo, sin cámaras, ni ojos encharcados, ni besos de despedida. Para empezar, es tal la cohorte de asesores que rodea a cualquier primer edil de una ciudad importante que pueden excusarse en la seguridad de que alguno de ellos le podrá decir cómo se vive en un barrio degradado o cómo hay familias que no pueden llegar a fin de mes sin necesidad de tener que irte a vivir con ellos una temporada.
A riesgo de generalizar, se han conformado con ser conscientes de esa realidad y de pisarla cuando no les quede más remedio, o cuando toca regar de promesas las aceras. A lo mejor es su caso y no estoy generalizando.
