La Fiscalía Anticorrupción ha mantenido en su escrito de conclusiones finales la acusación contra 37 personas, entre ellos el exalcalde socialista de Estepona (Málaga) Antonio Barrientos, en el denominado caso Astapa contra la corrupción político-urbanística, un proceso que siempre se ha considerado el "hermano pobre" del caso Malaya.

El fiscal pide que Barrientos sea condenado a una pena total de dos años de prisión y nueve años y tres meses de inhabilitación por un delito continuado de falsedad, fraude y malversación, y otros dos continuados de cohecho y malversación, según el escrito acusatorio, al que ha tenido acceso EFE.

En cuanto a la responsabilidad criminal se aprecia, para todos los acusados, la circunstancia atenuante de dilaciones extraordinarias e indebidas en la tramitación del procedimiento, con el carácter de muy cualificada, por lo que el ministerio público pide la rebaja de la pena en dos grados.

Debido a ello, todos los acusados han visto rebajado sustancialmente sus peticiones de pena de prisión y previsiblemente la mayoría de ellos -si fuesen condenados por el Tribunal- no tendrían que ir a prisión pero sí tendrían que pagar las correspondientes multas.

Anticorrupción retira la acusación para nueve procesados para los que pide la libre absolución, en un escrito que ha sido notificado este martes a todos los letrados personados en el procedimiento después de presentarse ante el Tribunal de la Sección Tercera de la Audiencia Provincial de Málaga, que juzga la causa.

El juicio del caso Astapa ha durado un año y medio y todavía no ha concluido, lo que le convierte hasta el momento en el juicio más largo de todos los celebrados en la Audiencia Provincial de Málaga, con numerosas quejas de los abogados defensores al considerar que no se puede hacer justicia de unos hechos que ocurrieron hace veinte años.

Más de cien personas han sido investigadas en el procedimiento, el más conocido el exalcalde Antonio Barrientos, pero también concejales, empresarios y técnicos municipales.

La operación Astapa se inició en 2007 y, dieciséis años después, en enero de 2023, comenzó el juicio con casi 50 acusados, y provisionalmente se pedía que el exregidor fuera condenado a diez años y nueve meses de prisión e inhabilitación para empleo público por 38 años y multa por un delito continuado de falsedad, fraude y malversación, por otro de cohecho, por prevaricación y tráfico de influencias.

Tras la presentación del escrito de la acusación pública, el Tribunal tiene previsto reanudar la vista con el informe oral del fiscal el próximo 18 de junio y se ha previsto cuatro días para su exposición, según han indicado a EFE fuentes judiciales, que han precisado que a partir del 24 de junio se iniciará el turno de los informes de la defensa, que comenzarán por el del exalcalde.

Relato acusatorio

Durante el juicio el fiscal ha mantenido que entre 2003 y la primera mitad de 2007 el gobierno de coalición formado por el PSOE y el Partido de Estepona (PES) crearon una caja B en el Ayuntamiento de Estepona para poder aumentar el gasto público, que era inasumible con los recursos presupuestarios del municipio.

Para el ministerio público dicha caja B se nutría de aportaciones económicas de promotores y empresarios con intereses inmobiliarios, a través de donaciones o patrocinios de actividades, con el fin de "eludir controles"; y por supuestas irregularidades en los convenios y aprovechamientos urbanísticos para "beneficiar a ciertos empresarios".

El fiscal mantiene el escrito inicial pero matiza respecto a determinados convenios que a lo largo del juicio no ha quedado probado como que los responsables municipales de urbanismo antepusieran el interés de promotoras al de municipios así como tampoco "se ha demostrado que tuvieran causa ilícita" las aportaciones de determinadas empresas para eventos deportivos o musicales.

 Anticorrupción también indica en su nuevo escrito que no se ha probado determinados regalos a los acusados y se precisa que al haberse anulado las escuchas telefónicas no se ha podido acreditar determinadas actuaciones y pagos que inicialmente se consideraron irregulares.