El Ayuntamiento de Marbella (Málaga) y un particular han pedido cuatro años de prisión para el exalcalde marbellí Julián Muñoz por un delito de malversación por un convenio para la desafectación de una calle para llevar a cabo una promoción. Además, el exregidor y otros seis exediles han mostrado su conformidad con la condena por un delito de prevaricación urbanística, por el que también acusaban esas partes y también la Fiscalía, por la concesión de la licencia ilegal.
El juicio ha quedado este lunes visto para sentencia en la Sección Novena de la Audiencia y sólo se ha celebrado respecto a Muñoz y al delito de malversación, una vez que éste y los exconcejales Manuel Calle, Juan Antonio Yagüe, Marisa Alcalá, Mario Jiménez, Rafael González y Dolores Zurdo se mostraran conformes con la acusación del fiscal por un delito continuado de prevaricación urbanística, dentro del pacto global entre defensas y Fiscalía.
En el caso del delito continuado de prevaricación urbanística, el acuerdo alcanzado en su momento, que ha sido ratificado en esta vista oral, supone una condena a un año de prisión, excepto para el exedil Juan Antonio Yagüe, al que se le impone 15 meses de prisión, así como inhabilitación para cargo público. Se considera que aprobaron en comisión de gobierno las licencias de obras para construir 126 viviendas "contraviniendo" el ordenamiento aplicable.
El juicio se ha celebrado contra Muñoz porque un particular que se siente perjudicado al tener un terreno colindante le acusa de un delito de malversación y, alternativamente, de fraude. Aunque el Ayuntamiento marbellí inicialmente no acusaba por estos hechos, en las conclusiones definitivas sí ha pedido una condena por un delito de fraude en concurso ideal con malversación, negando una posible responsabilidad civil subsidiaria del Consistorio.
El particular indica en su escrito, al que ha tenido acceso Europa Press, que para el expediente de desafectación de la calle y permuta se firmaron convenios y los metros cuadrados se transmitieron a la empresa "por el ridículo precio de 83.174 euros, cantidad que ni siquiera tuvo que desembolsar ya que como contraprestación el Ayuntamiento recibía un pequeño apartamento". El valor real o de mercado del terreno era de 1.081.821 euros, apuntan.
Muñoz ha negado que negociara nada respecto a los convenios firmados y ha asegurado que fue un asunto que gestionó "personalmente" el también exalcalde Jesús Gil. Ha admitido que firmó ese convenio, pero como otros muchos, sin leerlo. "Para mi desgracia, firmé todo desde que el señor Gil y Pedro Román --primer teniente de alcalde entonces-- dejaron de hacerlo", ha indicado el acusado, quien ha añadido que no mantuvo ninguna reunión con el promotor.
Por contra, el empresario ha declarado como testigo y ha asegurado que no hubo intervención de Gil ni del exasesor de Urbanismo Juan Antonio Roca en las negociaciones, en las que por su parte fueron técnicos los que intervinieron. Ha indicado que no pagó contraprestación monetaria, pero sí hubo compensación al Ayuntamiento, cediendo terreno en aceras, además del apartamento en el edificio construido, a cambio de las obras realizadas.
El particular, que ejerce la acusación y que representa a sus padres ya fallecidos, ha asegurado que tras no querer vender a la promotora su parcela por el dinero que finalmente les ofrecía, ese terreno fue calificado como parque y jardín. Así, ha asegurado sentirse "muy perjudicado" por esta operación y sobre todo "engañado por toda esta gente que se ha llevado miles de millones de Marbella sin escrúpulos y haciendo lo que les daba la gana".
