El estudio del arquitecto José Seguí y el grupo de empresas profesionales colaboradoras en la redacción técnica del proyecto de ampliación del puerto de Marbella-La Bajadilla han iniciado una demanda jurídica contra el grupo Nasir Bin Abdullah & Sons, del jeque propietario del Málaga Club de Fútbol, Abdullah Bin Nasser Al-Thani, para solicitar medidas cautelares urgentes por incumplimiento del contrato.
Además, han solicitado el embargo preventivo y la administración judicial de la participación del 97 por ciento que ostenta la Unión Temporal de Empresas (UTE) del Puerto de Marbella. El grupo profesional encabezado por José Seguí ha comunicado oficialmente a la Agencia Pública de Puertos de Andalucía (APPA), dependiente de la Junta, el contenido de estas acciones.
Los principales motivos para la solicitud de estas medidas se basan en que la sociedad del jeque Al-Thani "carece de titularidades registrales en España, que ha incumplido sus obligaciones ante terceros, y que existe un elevado riesgo acreditado de pérdida de su principal activo como es la concesión de obra pública" para el puerto de La Bajadilla, al haber iniciado la APPA el procedimiento para la resolución de dicho contrato de concesión por el incumplimiento de las obligaciones contraídas estipuladas en dicha concesión.
El Estudio Seguí, Arquitectura y Planeamiento S.L.P. junto con las colaboradoras Berenguer Ingenieros, Axel Logis y otras, como autores de la redacción técnica del Proyecto del nuevo 'Puerto de Marbella-La Bajadilla', han iniciado acciones administrativas también para "mantener y posibilitar la realización de esta importante infraestructura portuaria y turística tanto para Marbella como para la Costa del Sol", por lo que supone la creación de este puerto tal y como está planteado.
La concesión otorgada por la APPA a la sociedad, en la que el Ayuntamiento de Marbella cuenta con el tres por ciento, está basada en el proyecto técnico ganador, que incluye 861 atraques, incluyendo embarcaciones de gran tamaño y cruceros turísticos, 44.695 metros cuadrados de edificación de uso comercial y 19.800 metros cuadrados de uso hotelero compatible --artículo 19.3 de la Ley 21/2007-- que está incluido en el proyecto ganador "pendiente exclusivamente de su autorización de uso por parte del Gobierno Central, que tiene las competencias sobre dicho uso".
Según han indicado desde el Estudio Seguí a través de un comunicado, la realidad viene dada por el "incumplimiento continuado de la empresa adjudicataria Nasir Bin Abdullah & Sons, al no haber concluido dentro de los plazos establecidos la constitución de la sociedad que debe, según contrato, gestionar el puerto".
Tampoco ha abonado, han precisado, las cantidades correspondientes al canon anual de la concesión de 2012 y 2013, las cantidades anuales de los servicios de control y vigilancia del puerto de esos mismos años, "ni tampoco abonado la documentación técnica por la cual se obtuvo la adjudicación de la concesión, ni los trabajos de campo, ni el proyecto de ejecución, ni las multas impuestas por la APPA ante tales incumplimientos", lo cual supone un montante actual de deuda económica de 7.124.802 euros, más el correspondiente IVA, han sostenido.
Por todo ello, ante los "graves incumplimientos y abandono" y, considerando la envergadura y la relevancia que el citado proyecto tiene para Marbella y la Costa del Sol, más aún en una situación de crisis económica como la actual, el principal objetivo, ha apuntado, es "mantener la concesión para la ejecución del proyecto del puerto".
José Seguí ha señalado que la actitud de la sociedad Nasir Bin Abdullah & Sons "no puede frustrar un proyecto público tan importante para Marbella y no posibilitar la continuidad del mismo", y ha insistido en que lo principal es que este proyecto siga adelante.
INVERSOR INTERNACIONAL INTERESADO
En este sentido, han informado de que se ha contactado con varios inversores interesados en desarrollar el proyecto. El principal, han puntualizado a Europa Press desde el estudio, es internacional y de la "máxima seriedad y solvencia económica" para cumplir por cuenta de la UTE al requerimiento realizado por la APPA.
Este inversor, añade el comunicado, ha mostrado "su total conformidad" con el proyecto, con el pliego de la concesión y con las condiciones dimanantes de los mismos, "comprometiéndose a aportar toda la deuda contraída con la APPA y las suficientes garantías económicas y empresariales para asumir el compromiso de la ejecución del puerto" tras la sustitución de la sociedad del jeque Al Thani por el nuevo inversor "cuando se dé cumplimiento a los trámites y a las garantías legales exigibles, siempre con la previa autorización administrativa de la APPA y el visto bueno del Ayuntamiento de Marbella".
La intención principal es "garantizar la permanencia del expediente administrativo y posibilitar su realización como un proyecto de gran interés público para el futuro desarrollo de Marbella, que no puede frustrarse por el incumplimiento unilateral y por la continuada actitud de la sociedad", que puede provocar la anulación de una inversión portuaria de la concesión de 84.840.435 euros --más IVA-- y una futura inversión de la totalidad estimada en 248.588.478 euros.
Ello, ha continuado, supondría un "duro golpe" para Marbella "al frustrarse esta inversión sobre un suelo público para la creación de un importante equipamiento portuario que cualificaría el turismo de la ciudad". Además, sería "perder una importante oportunidad para la reactivación económica en los difíciles momentos actuales".
