La Fiscalía de Málaga ha solicitado al juzgado la declaración en calidad de imputados de los responsables de las entidades en las que se han detectado inicialmente irregularidades en la obtención de subvenciones para cursos de formación para desempleados y en la aplicación de los fondos recibidos; "así como respecto de aquellos funcionarios y responsables del organismo autonómico que otorgó las subvenciones".
El ministerio público decidió esta semana remitir el caso de las presuntas irregularidades detectadas en el uso de subvenciones en cursos de formación para desempleados a un juzgado de Málaga capital para que se investigue y lleve a cabo diligencias de pruebas, al estimar el fiscal que de lo averiguado hasta ahora y con los informes policiales que existen "se desprenden indicios de responsabilidad penal".
Inicialmente, se apunta a que los hechos investigados podrían constituir, presuntamente, delitos de falsedad documental, estafa o fraude en subvenciones, así como prevaricación o tráfico de influencias, según una nota informativa de la Fiscalía. El caso ha recaído en el Juzgado de Instrucción número 8 de Málaga, según han informado a Europa Press fuentes judiciales, que tendrá que decidir respecto a las solicitudes de declaración y otras peticiones realizadas por el fiscal.
La Fiscalía acordó en mayo de 2013 iniciar unas diligencias de investigación al recibir un informe de la Sección de Investigación de la Seguridad Social de la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF), en el que se aludía a presuntas irregularidades en la obtención de ayudas por parte de personas y empresas en el marco de los planes de promoción del empleo ejecutados por el Servicio Andaluz de Empleo (SAE) de la Junta de Andalucía. En informes posteriores se aludía a la falta de control de esas ayudas.
Las diligencias y lo remitido al juzgado se ha limitado a la provincia de Málaga. El primer informe aludía a la resolución de la Dirección Provincial del SAE de diciembre de 2010, en el que se hacen públicas las subvenciones concedidas a 20 personas físicas o jurídicas por un importe total de 1,72 millones de euros. Esa resolución se sitúa en el marco de ayudas del programa sobre formación profesional ocupacional con compromiso de contratación.
Los investigadores indicaban que "en la mayor parte de los beneficiarios de las citadas subvenciones se producen graves incumplimientos en los requisitos que la legislación sobre subvenciones establece", sobre todo en ese compromiso de contratación, dice la Fiscalía. Otras irregularidades serían "la práctica de caza de subvenciones" por parte de algunas empresas y la falta de solvencia y experiencia en las entidades.
PROVINCIAS
La UDEF realizó un informe ampliatorio, en el que se concreta que esas supuestas irregularidades se detectan en 17 de las 20 empresas o personas físicas beneficiarias en Málaga. Pero, además, se apuntaba a presuntas irregularidades similares en otras provincias andaluzas, significándose el caso de Almería, de forma que la Fiscalía malagueña ha derivado el conocimiento de lo que afecta a esa otra provincia a la Fiscalía almeriense.
En ese informe ampliatorio se aludía a resoluciones de la Dirección General de Empleo por las que se conceden ayudas en 2011 para acciones formativas con compromiso de contratación y para desempleados, también dentro del programa presupuestario 32D, que "han beneficiado a determinadas personas", destacándose, dice el fiscal, "el caso de un mismo beneficiario que habría obtenido subvenciones a través de varias sociedades vinculadas a él", por un importe de 14,6 millones de euros.
Al igual que se hace respecto a las subvenciones concedidas en Almería, el fiscal ha deducido testimonio de las ayudas de la Dirección General del Empleo a la Fiscalía de Sevilla, por radicar en esa ciudad el órgano administrativo que concedió dichas ayudas.
En mayo, el ministerio público recibió un nuevo documento con los expedientes de subvención de la resolución de 2010 y las declaraciones de las personas que efectuaron esos planes de formación y empleo y de los docentes de esos cursos.
Según esos expedientes y con las investigaciones realizadas, la unidad policial establece las posibles responsabilidades penales, distinguiendo presuntos ilícitos cometidos por los beneficiarios de las ayudas, "tales como falsedad en la presentación de documentos, así como en la acreditación de la asistencia a los cursos, suplantación de la personalidad de tutores o de gastos supuestamente producidos".
Asimismo, se refiere a posibles "irregularidades en el otorgamiento y control de las subvenciones", apuntando a "falta de capacitación de ciertas entidades para la formación profesional, incumplimiento generalizado del compromiso de contratación o absoluta falta de control de la ejecución de los citados cursos", se precisa en la nota.
También se alude a que en las diligencias que se seguían en la Fiscalía malagueña estaba incorporado un informe de la unidad de policía adscrita a la Fiscalía Superior de Andalucía, en el que se analiza el informe emitido por la Cámara de Cuentas de Andalucía sobre la 'Fiscalización de subvenciones del Servicio Andaluz de Empleo para la Formación Profesional para el empleo y seguimiento de las recomendaciones incluidas en el informe de 2004. Ejercicios 2009-2010', remitido por dicha Fiscalía Superior.
