Quince municipios de la provincia de Málaga que suman una población total de 1.270.000 personas presentan un riesgo elevado de sufrir inundaciones, según revela la segunda entrega de un estudio realizado por la Fundación MADECA, dependiente de la Diputación de Málaga.
Antequera, Benamargosa, Cártama, Coín, Estepona, Fuengirola, Málaga, Marbella, Mijas, Nerja, Ronda, Rincón de la Victoria, Teba, Torremolinos y Vélez sufren un peligro potencial de avenidas y son áreas con riesgo significativo de inundación, como también marcan el Ministerio de Medio Ambiente y el Plan de Riesgo de Inundaciones de las Cuencas Mediterráneas Andaluzas.
Además, este Estudio del Riesgo de Inundaciones revela un modelo de ocupación del territorio muy intensivo, que ha provocado un elevado uso artificial y productivo de las llanuras de inundación de los principales ríos y arroyos y las primeras orlas montañosas, según ha señalado el presidente de MADECA y diputado de Desarrollo Económico y Productivo, Jacobo Florido.
Los quince municipios tienen una máxima afectación asociada a zonas inundables en periodos de retorno de diez años. Esto quiere decir que las condiciones naturales generan un nivel alto de peligrosidad e inadaptación del territorio a los usos humanos, más aún cuando el estudio demuestra que la periodicidad de inundaciones en la provincia se ha reducido de siete años a cuatro desde 1989.
Por tanto, ha subrayado Florido, tanto sus características geográficas y orográficas como los usos de la población, entre los que destacan la ocupación del suelo, propician situaciones de exposición y vulnerabilidad frente a la inundación que podrían desembocar en catástrofes.
31 zonas inundables con alto riesgo
Este estudio recoge que en el Plan de Riesgo de Inundaciones de las Cuencas Mediterráneas Andaluzas 2015-2021 se establecen las zonas con caudales de agua con riesgo de inundaciones en los municipios objeto de estudio, que son 31 en total: once en Estepona; cuatro en Málaga capital; cinco en Vélez; dos en Marbella, Fuengirola –de estos dos, uno lo comparte con Mijas– y Antequera y Rincón; y una en Teba, Nerja y Benamargosa.
Hablamos de áreas como los ríos Guadalmina, Guadalmansa y Guadaiza, en la zona occidental; el Guadalhorce desde Villanueva del Rosario hasta Bobadilla, en el norte; los arroyos Jaboneros y Gálica, en la capital, o los ríos Vélez o Güi en la Axarquía”, ha explicado el diputado.
En este sentido, el estudio recomienda tener en cuenta que el entorno urbano y las zonas alteradas por la actividad humana reducen o anulan su capacidad natural de infiltración, que es sustituida por la red de drenaje artificial.
Los sistemas de drenaje son medidas fundamentales en los territorios urbanizados y en las vías de comunicación, ya que permiten la retirada de las aguas que se acumulan en depresiones topográficas del terreno”, ha detallado el diputado presidente de MADECA.
El territorio malagueño presenta un relieve abrupto, con un número elevado de cuencas y con un comportamiento hidrogeológico que impide una escasa infiltración natural de las aguas, lo que, junto con la significativa deforestación, recomienda el mantenimiento y renovación continuo de estos sistemas artificiales.
Infiltración, suelos y factores naturales
Así, en la zona litoral de la provincia, la capacidad de infiltración es media en Málaga capital, Estepona, Antequera, Cártama y Coín; baja en Mijas, Benamargosa y Teba; y muy baja en Marbella, Fuengirola, Torremolinos, Rincón de la Victoria, Vélez Málaga y Nerja. Ronda tiene la capacidad de infiltración más elevada de todos los municipios objeto de estudio.
En la provincia de Málaga y, en especial, en todo su sector costero y en los relieves que descienden hacia el mar, la variabilidad de litologías es muy elevada, con un comportamiento hidrológico e hidrogeológico muy diferente. Los suelos menos permeables (por ejemplo, filitas, pizarras y esquistos) aparecen en los Montes de Málaga y la Axarquía, y son muy proclives a la generación de avenidas, dada la escasa capacidad de infiltración de sus suelos.
Esta segunda entrega del documento insiste en que la provincia de Málaga sufre un creciente riesgo de inundaciones por una combinación de factores naturales, humanos y por los efectos derivados del cambio climático.
El territorio objeto de estudio presenta un relieve muy accidentado y con fuertes desniveles; que sufre deforestación en cabeceras de cuencas; y cuya morfología de cauces y valles fluviales propicia la generación de avenidas cargadas de sedimentos de enorme poder destructivo.
Junto a ello, Florido ha recordado que la primera entrega del estudio señalaba al cambio climático como agravante de las grandes inundaciones, aunque no como responsable directo. Además, los costes económicos ocasionados por los desastres naturales aumentarán en el futuro por su mayor intensidad y frecuencia.
En la provincia de Málaga, este Estudio del Riesgo de Inundaciones identifica una zona centro-oriental de mayor aridez y una occidental con un aumento pluviométrico, considerando como umbral de referencia el Guadalhorce. Se prevé que las precipitaciones sean más intensas y, por tanto, más erosivas.
A esto se une la sucesión de rachas secas, de indudables efectos en el contenido de agua útil del suelo y en la vegetación. Ello puede producir una reducción de la biomasa y afloramiento de suelos desnudos, lo que favorece los procesos de salpicadura, escorrentía y erosión, que aumentan igualmente los riesgos.
Desigual situación de los PGOU
Asimismo, el estudio indica que es necesaria la revisión y adaptación de los actuales planes generales de ordenación urbana (PGOU) en materia de inundaciones de los municipios del estudio. La primera entrega ya analizaba los del litoral (Estepona, Fuengirola, Málaga, Marbella, Mijas, Rincón, Torremolinos y Vélez), y concluía que sólo Fuengirola estaba adaptado totalmente a la normativa actual.
En esta segunda entrega se analizan los del interior. Así, Antequera está adaptado a la normativa vigente en materia de prevención de inundaciones, ya que su PGOU dispone de una sección específica sobre prevención de avenidas e inundaciones. Además, incluye un anexo que repasa los puntos de riesgo en la localidad.
Benamargosa, por su parte, no tiene PGOU propio, ya que se encuentra en fase de aprobación desde hace varios años. Su normativa urbanística está regulada por el Plan de Ordenación del Territorio de la Costa del Sol Oriental, que limita la regulación sobre las zonas inundables.
Cártama tiene un PGOU que data de 1996, aunque se realizó en 2009 una adaptación a la LOUA. Su normativa urbanística, dada su antigüedad, contiene limitadas disposiciones relativas a las zonas inundables, aunque en la citada adaptación se catalogaron dichas zonas como no urbanizables.
Coín tiene un PGOU vigente que data de 1997, si bien se realizó una adaptación a la LOUA en 2011.
Pero su normativa urbanística es muy limitada en lo que respecta a la regulación de las zonas inundables, y ni siquiera en la adaptación de 2011 se catalogó expresamente estas zonas como no urbanizables.
En el caso de Ronda, cuyo PGOU data de 1991 aunque incluye una adaptación a la LOUA realizada en 2010, sólo se incluye la categorización como no urbanizable de las zonas inundables, por lo que adapta parcialmente el documento a las disposiciones de normativas vigentes al respecto.
Teba tiene su PGOU de 1995 adaptado a la LOUA en 2010, y el texto actual tan sólo contiene disposiciones relacionadas con zonas inundables en el sentido de que cualquier autorización de uso en estas zonas estará condicionada a la previa ejecución de medidas específicas de defensa contra inundaciones.
Déficit de legislación y reconendaciones
Florido ha recordado que el estudio de MADECA ya detectaba en su primera entrega un déficit de legislación marco sobre riesgos naturales en Andalucía, donde la Ley de Aguas y la Ley de Gestión de Emergencias cubren aspectos diferentes, aunque complementarios, de una catástrofe por inundaciones.
Este hecho es incomprensible e implica una falta de visión y gestión del riesgo natural como un conjunto, ya que de una catástrofe natural suelen surgir otras, como por ejemplo tras un incendio se puede dar una inundación, lo que agrava las consecuencias”, ha resaltado Florido.
Por último, el estudio aporta unas recomendaciones y propuestas de mejora para la prevención, planificación, gestión y reconstrucción en caso de catástrofe natural. Entre ellas, Florido ha resaltado las actuaciones hidráulicas en la red de drenaje, limpieza y mantenimiento de la cubierta vegetal, una labor de divulgación y pedagogía hacia la población o mejorar la educación medioambiental.
En lo que se refiere a las medidas en las cuencas, el estudio de MADECA propone la restauración hidrológico-forestal y ordenaciones agrohidrológicas; la restauración fluvial, incluyendo medidas de retención natural del agua y reforestación de riberas; y el tendido de taludes y pequeños refuerzos estructurales que estabilicen las zonas erosivas próximas a infraestructuras.
Florido ha concluido con un llamamiento a la mejora de la educación ambiental “que debe avanzar desde la concienciación hasta la acción”. El estudio anima a empezar desde el conocimiento para concienciar sobre la peligrosidad y las situaciones de riesgo; capacitar para la participación, promover el voluntariado y actuar así en la prevención, en la mitigación y en la reconstrucción.
