El Ayuntamiento de Marbella espera recuperar los bienes que salieron de la ciudad con el juicio del caso Saqueo II, en el que se juzgará a partir del jueves en la Audiencia Nacional al exalcalde Julián Muñoz y a otros veintitrés exconcejales, así como al exasesor de Urbanismo Juan Antonio Roca.
La alcaldesa, Ángeles Muñoz ha señalado en conferencia de prensa que el objetivo y el deseo del consistorio es poder recuperar todo aquello que salió de la ciudad, tanto para "hacer frente a las deudas" que dejaron los gobiernos del Grupo Independiente Liberal (GIL) como a las infraestructuras que se dejaron de acometer, y que los bienes vuelvan a Marbella.
En cuanto a la posibilidad de que los acusados se declaren insolventes, Muñoz ha asegurado que el Ayuntamiento actuará como hasta ahora e "intentará buscar dónde están y si existen los bienes para poder reclamarlos".
Muñoz ha recordado que cuando era presidenta del PP en la oposición, los populares iniciaron a nivel judicial la "reclamación de todos los bienes que se habían expoliado", y el Ayuntamiento está personado en el caso Saqueo II, en el que secunda la petición del fiscal.
El caso Saqueo II, que juzgará al exalcalde y a otros veintitrés exconcejales por un desvío de al menos 41 millones de euros públicos entre 1994 y 2001 y un fraude a la Seguridad Social de 91,5 millones, deriva del caso Saqueo I, en el que la Audiencia Nacional juzgó el desvío de 24,3 millones de euros del consistorio a empresas privadas entre 1991 y 1995.
En el Saqueo I, el tribunal condenó, entre otros, a Roca a seis años y diez meses de cárcel y a José Luis Sierra, exasesor de Jesús Gil, que ahora se enfrenta a nueve años y medio, a otros nueve años de prisión.
Respecto a la sentencia que ha dado a conocer hoy el tribunal sobre blanqueo de capitales, en el que han sido condenados la cantante Isabel Pantoja y el exalcalde Julián Muñoz, la alcaldesa no ha querido pronunciarse.
Hasta el momento, el Ayuntamiento ha conseguido embargar de manera preventiva 170 propiedades de imputados, así como 225 millones en sentencias, lo que da garantías de recuperar los bienes expoliados
