La querella señala que Fèlix Millet y Jordi Montull se aprovecharon de sus “relaciones personales” con el conseller de Economía para conseguir un convenio que facilitara la permuta urbanística para la construcción del hotel y el compromiso de la Generalitat de recalificar las fincas donde un promotor privado iba a edificarlo.
La Fiscalía señala que Castells firmó el convenio sin tramitar los informes jurídicos previos y preceptivos para valorar la necesidad y la utilidad de la operación y dejando en manos de Millet la indemnización que tendría que percibir la Generalitat por la “pérdida de valor” que podría acarrear la operación para la administración catalana. Además, el convenio establecía que a la Fundación del Palau le correspondía una compensación de 3,6 millones de euros.
