Para hoy lunes está previsto que se reúna la comisión mixta del Ministerio de Justicia y el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) para analizar, entre otros asuntos, el manifiesto consensuado por las asociaciones de jueces y los avances en relación con algunas de las medidas que exigen para modernizar y mejorar la administración de Justicia.
La reunión tendrá lugar dos días antes de las juntas de jueces convocadas el próximo miércoles en toda España para decidir si finalmente van a la huelga y si apoyan la que ya han anunciado para el 18 de febrero los jueces de Extremadura, Murcia y Zamora.
Las asociaciones –Asociación Profesional de la Magistratura (APM), Jueces para la Democracia (JpD), Asociación Judicial Francisco de Vitoria (AJFV) y Foro Judicial Independiente (FJI)– han preferido desmarcarse de momento de esa convocatoria, aunque han elegido la misma fecha, la del 18 de febrero, para llevar a cabo un acto de protesta en todas las sedes judiciales.
Esa coincidencia puede provocar una situación similar a la que se produjo los pasados 21 de octubre y 21 de noviembre, cuando la actividad de los tribunales se vio afectada por las juntas de jueces y el Gobierno llegó a hablar de una “huelga encubierta”.
El Ejecutivo y el CGPJ no tienen fácil frenar las protestas de los jueces, que han dado un plazo de cinco meses para que se cumplan sus reivindicaciones con la amenaza de celebrar la huelga el 26 de junio.
Ese posible paro sigue ganando adeptos en la carrera judicial, y esta pasada semana han sido los jueces decanos de Barcelona, Valencia, Zaragoza, Bilbao, Sevilla, Málaga y Palma de Mallorca, los que han suscrito un documento para apoyar la tabla de reivindicaciones pactada por las cuatro asociaciones judiciales.
En un ambiente en el que aumentan día a día los partidarios de la huelga, el Gobierno, en un intento de suavizar el conflicto, ha llamado a las asociaciones de jueces a una reunión el próximo 26 de enero, para la que apela al “espíritu de diálogo” en beneficio de la Justicia y de los ciudadanos.
De momento, el Ministerio de Justicia ya se ha puesto a trabajar, y ha invertido 1.230.500 euros en una nueva aplicación informática para el Registro de Penados y Rebeldes, que estará operativa el próximo 27 de enero.
