Las asociaciones Francisco de Vitoria (AJFV) y Foro Judicial Independiente (FJI) han calificado de “éxito” la primera huelga de jueces de España, que podría ser la última si se aprueba una ley prohibiendo este tipo de protestas al colectivo judicial, anunciada ayer por el ministro Mariano Fernández Bermejo. 

“Incluso con las cifras del Consejo General del Poder Judicial, la huelga es todo un éxito”, manifestó el portavoz de la AJFV, Marcelino Sexmero, después de conocer que el órgano de gobierno de los jueces ha estimado en el 35,38% la participación en el paro, porcentaje que los convocantes elevan hasta el 60%, aunque cada parte usa un censo distinto. 

En cualquier caso, la convocatoria ha tenido un éxito indudable en Aragón, Murcia, Valencia y Extremaduras y una incidencia notable en Canarias y en Cantabria, Baleares, Madrid y Cataluña. 

Por el contrario la huelga apenas se ha notado en el País Vasco y ha sido “ignorada” en los órganos centrales: el Tribunal Supremo y la Audiencia Nacional. 

La incidencia del paro en el servicio al ciudadano ha sido muy desigual, ya que mientras en Cataluña apenas se ha notado, porque se había avisado previamente de la suspensión de las actuaciones fijadas para ayer, en Madrid los Juzgados de la plaza de Castilla presentaban una imagen inusual, con pasillos vacíos y ciudadanos que salían sin haber conseguido cita para otra fecha. 

Para el CGPJ, que en su día decidió no darse por enterado de la convocatoria y se negó a fijar servicios mínimos –que fueron establecidos por los propios convocantes–, lo que la jornada ha dejado claro es que existe una “amplia voluntad de cambio” en la Administración de Justicia, ya que muchos de los jueces que no han hecho huelga sí han participado en actos de protesta simbólicos. 

Sobre las consecuencias de la huelga, fuentes del CGPJ han considerado que el Ministerio de Justicia debería descontar el día de las nóminas de los jueces que han secundado el paro, pero han eludido pronunciarse sobre las eventuales responsabilidades disciplinarias en las que podrían haber incurrido. 

Por su parte, el Ministerio de Justicia destacó que un “altísimo porcentaje” de magistrados no secundó la huelga y considera que, “siguiendo el mensaje” enviado por ellos, “ahora es el momento del diálogo”. 

En cuanto a la incidencia del paro en el servicio público, Justicia afirma que, según los datos que obran en su poder, de un total de 3.680 órganos judiciales –sin tener en cuenta el Tribunal Supremo ni la Audiencia Nacional– sólo 857 (un 23%) han suspendido vistas o actuaciones.

BERMEJO PROHIBIRÁ LAS HUELGAS POR LEY

El ministro de Justicia, Mariano Fernández Bermejo, anunció ayer que llevará al Consejo de Ministros una ley para regular “el modo en que los jueces pueden reivindicar sus derechos”, desde la perspectiva de que un poder del Estado no puede ir a la huelga. 

En una rueda de prensa, el ministro no quiso valorar el seguimiento del paro hasta que disponga de los datos que le envíe el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) y, respecto a los ofrecidos por las asociaciones convocantes, dijo que no conoce ningún colectivo de huelguistas que no haga una valoración optimista al respecto. 

Fernández Bermejo reiteró que la huelga de jueces no está justificada, porque ese derecho no está en el marco jurídico, y destacó además que “su desproporción salta a la vista”. 

Ante el paro, señaló que el Poder Judicial deberá hacer su valoración de quién ha ido al trabajo y de quién no ha ido para tomar sus medidas, mientras que él tomará las suyas. El ministro recordó que, pese a que el CGPJ ha subrayado la ausencia de un marco legal para la huelga, “hay un grupo de jueces” que ha decidido secundarla por lo que ha considerado que la reflexión sobre la necesidad de regular esta situación es “todavía más urgente”. No obstante, no quiso adelantar la fecha en la que podría presentar este proyecto ya que “no es momento de plazos” sino de estudio.