El secretario general y portavoz de la Conferencia Episcopal Española (CEE), Juan Antonio Martínez Camino, explicó ayer que la pena de “excomunión automática” en relación con el aborto no cae sobre el legislador sino sobre los que realizan el acto o son colaboradores directos. 

Martínez Camino hizo estas declaraciones durante la rueda de prensa habitual tras la reunión de la Comisión Permanente de la CEE, y al ser preguntado sobre esta cuestión, en relación con el informe de la subcomisión que estudia la reforma de la Ley en el Congreso, dado a conocer este miércoles. 

El portavoz de la CEE dijo que no existe un pronunciamiento de los obispos sobre estos trabajos, porque no estamos todavía ante un proyecto de ley, pero, no obstante, agregó, la postura de la Iglesia católica sobre el aborto no ha variado: “Es uno de los mayores dramas del siglo XX”. 

Camino explicó que aunque se vaya a una ley de plazos, no cree que los obispos “maticen” su condena sobre la interrupción voluntaria del embarazo, porque la posición de la Iglesia en todo el mundo es muy sólida al respecto y está asentada en la doctrina de la defensa de la vida que defiende la Iglesia: no existe ninguna causa que justifique el que se pueda quitar la vida a un inocente, como es el no nacido. 

Preguntado por si el legislador que vota a favor de una ley del aborto cae en excomunión, Martínez Camino dijo que esta pena contemplada en el Derecho Canónico “trata de poner de relieve la gravedad de un pecado, que pueda pasar desapercibida por la sociedad”. 

Pero, agregó, la “excomunión automática” sólo recae “sobre los que realizan el acto o colaboran directamente con su comisión. Es una excomunión “automática”, que no impone nadie, y que “cae de manera directa sobre el acto en sí, en cada acto ejecutado”. 

En relación con las sentencias del Tribunal Supremo sobre la objeción de conciencia a la asignatura de Educación para la Ciudadanía (EpC), Camino explicó que los obispos mantienen su criterio de que el Estado se arroga el papel de educador moral que no es propio de un estado democrático de Derecho.

Camino añadió que la CEE, a la espera de estudiar y analizar en profundidad las sentencias del Tribunal Supremo respecto a la EpC, consideran que “siguen plenamente vigentes” los criterios establecidos en anteriores declaraciones de la CEE, en el sentido de que “el Estado no puede suplantar a la sociedad como educador de la conciencia moral”.

El juicio de la Conferencia Episcopal no varía en cuanto a cómo está articulada ésta Educación para la Ciudadanía en esos Reales Decretos, “es una formación estatal obligatoria de las conciencias”, precisó Martínez Camino.

Y recalcó que “el Estado no puede imponer ninguna doctrina moral, ni siquiera la católica; es contradictorio con la Doctrina social de la Iglesia”, ha añadido el portavoz.