El vicepresidente de Argentina, Amado Boudou, será procesado por los delitos de "cohecho pasivo y negociaciones incompatibles" a petición del juez federal Ariel Lijo, en relación a los supuestos favores que podría haber hecho a la imprenta Ciccone cuando ejercía su cargo de ministro de Economía entre 2009 y 2011.
El juez ha dictado "procesamiento sin prisión preventiva" para los seis acusados, entre los que se encuentra el vicepresidente, y ha anunciado que embargará bienes hasta cubrir la suma de 200.000 pesos (unos 24.500 dólares). Asimismo, ha fijado el 16 de julio para tomar declaración a Boudou, que solicitó ampliar su testimonio.
El propio Boudou ha pedido este viernes volver a declarar en indagatoria "a fin de relatar algunas cuestiones que resultarán de interés para la investigación". El vicepresidente declaró por primera vez el pasado 9 de junio y, tras su declaración, adelantó a los medios que volvería a comparecer, tal y como explica el diario argentino 'Clarín'.
Esta medida aplicada por el juez afecta también a su amigo José María Núñez Carmona; al empresario y supuesto testaferro, Alejandro Vandenbroele; al ex funcionario de la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP), Rafael Resnick Brenner; al dueño de la imprenta, Nicolás Ciccone; y al yerno de Héctor Ciccone, Guillermo Reinwick.
Las acusaciones giran en torno a la empresa Ciccone --impresora de billetes de curso legal--, que fue "salvada" de la quiebra en 2010 por fondos supuestamente de allegados a Boudou. Luego, ante el escándalo por la presunta relación del vicepresidente con los nuevos dueños de Ciccone, la firma terminó siendo expropiada por el Estado.
La comparecencia de Boudou el 9 de junio se convirtió en la primera vez que un miembro del Ejecutivo es citado ante la justicia como imputado. Boudou, sin embargo, ha defendido en todo momento su inocencia. El vicepresidente puede ser juzgado pero no detenido, a menos que le destituya el Congreso.
