El Gobierno de Puerto Rico anunció hoy su renuncia a tratar de atender todos los pagos de su deuda en sus términos actuales y su determinación a buscar una moratoria que le permita impulsar medidas de crecimiento que ayuden a desatascar una economía que acumula casi una década en retroceso.

"Sin un crecimiento agresivo de la producción, nunca saldremos del ciclo vicioso de contracción, emigración, austeridad e impuestos", dijo el gobernador Alejandro García Padilla en un mensaje televisado para toda la ciudadanía, a la que explicó que la situación es "insostenible" y que ha llegado el momento de dar prioridad la crecimiento económico.

En su mensaje no aclaró si tiene intención de renegociar también las obligaciones generales, que son bonos municipales respaldados por el Gobierno estatal y que están garantizados por la Constitución de Puerto Rico, lo que quiere decir que el Ejecutivo tiene obligación de pagarlos antes que cualquier otro gasto público.

Lo que sí dejó claro es que el sumidero financiero en el que está metida la isla, con una deuda de más de 72.000 millones de dólares y sin fondos para pagar las nóminas de los empleados públicos, es también responsabilidad de los bonistas.

A ellos les advirtió que a nadie le conviene no sentarse a negociar, puesto que Puerto Rico "no tiene la capacidad de continuar pagando conforme a los términos actuales".

Aunque desde hace meses, si no años, analistas y economistas venían advirtiendo que la deuda y el gasto público eran insostenibles, hasta ahora Puerto Rico había sido capaz de ir sorteando la situación gracias a un mayor endeudamiento y a las constantes inyecciones de fondos federales por parte de Washington.

Sin embargo, a dos días de que comience el próximo ejercicio fiscal, el 1 de julio, el Banco Gubernamental de Fomento -brazo financiero del Gobierno- no tiene fondos para arrancar el año, al tiempo que llegan varios vencimientos de deuda inasumibles y aún no se ha logrado aprobar el próximo presupuesto.

Varias empresas públicas están al borde de la quiebra, la compañía eléctrica está renegociando ya su deuda, no hay fondos para pagar las nóminas y existen dudas sobre la verdadera capacidad recaudatoria de una subida generalizada de impuestos que ha de entrar en vigor el miércoles.

Así las cosas, el detonante de la decisión anunciada hoy ha sido la publicación este mismo lunes de un informe elaborado por un equipo de expertos liderados por la ex economista jefe del Banco Mundial y ex directiva del Fondo Monetario Internacional, Anne Krueger, a los que el Gobierno contrató para que evaluaran la situación real de la isla.

El dibujo que hace el llamado Informe Krueger es desolador, asegurando que la situación es insostenible y recomendando recortar en 2.000 millones de dólares el gasto público anual hasta 2020 (lo que supone cerca del 20 % del presupuesto actual) y en 2.500 millones hasta 2025.

También recomienda sentarse a renegociar la deuda y reclamar a Washington que se exima a la isla de pagar el salario mínimo federal (algo que García Padilla dijo no compartir) y de respetar las leyes de cabotaje, así como que se le permita ampararse en la Ley de Quiebras.

Igualmente, propone recortar prestaciones sociales, beneficios laborales y derechos adquiridos, facilitar el despido, cerrar escuelas y aumentar el coste de la universidad pública.

Aboga además por elaborar un plan fiscal de varios años, crear algún organismo supervisor independiente y elaborar con urgencia estadísticas fiables, sugerencias que García Padilla se comprometió hoy a impulsar cuanto antes.

El informe apunta que desde hace seis años se ha ingresado una media de un 15 % menos de lo presupuestado y critica la gran cantidad de exenciones fiscales y amnistías que se aprueban periódicamente y que desincentivan el pago de impuestos.

Según sus datos, la economía local lleva contrayéndose casi una década, "algo llamativo para una economía que no sufre conflictos sociales ni una crisis financiera manifiesta".

Además, en una década la inversión ha caído un 10 % y los activos bancarios un 30 %; sólo el 40 % de la población adulta trabaja o busca trabajo (el resto no aporta o lo hace en la economía sumergida) y la isla pierde un 1 % de su población cada año.

La situación es tan surrealista, añade, que los empresarios no tienen motivación para contratar porque el salario mínimo federal es muy alto en comparación con economías del entorno, mientras que el individuo no está incentivado a trabajar porque las ayudas públicas "a menudo" exceden los salarios.