Japón ahorcó hoy a un reo condenado a muerte, en la que supone la ejecución número 17 firmada por el Gobierno del actual primer ministro, el conservador Shinzo Abe, desde su llegada al poder a finales de 2012, informó el Ministerio de Justicia nipón.
Las anteriores ejecuciones en este país, el único industrializado junto con Estados Unidos que mantiene la pena de muerte, tuvieron lugar el pasado 25 de marzo, cuando se colgó a dos reos, un hombre y a una mujer, por múltiples asesinatos.
El ejecutado hoy es Kenichi Tajiri, de 45 años, condenado por los asesinatos, cometidos en 2004 y 2011, de dos mujeres y un hombre en la prefectura de Kumamoto, situada en la isla meridional de Kyushu, en el sudoeste del archipiélago nipón.
El condenado, quien no conocía a ninguna de sus víctimas, irrumpió en sus casas con el objetivo de robar dinero.
El primero de los asesinatos tuvo lugar en marzo de 2004, cuando Tajiri asesinó con un cuchillo a una mujer de 49 años en su domicilio, de donde sustrajo la cantidad de 183.000 yenes (1.575 euros/ 1.716 dólares).
El segundo crimen se produjo en febrero de 2011, cuando el ejecutado mató a una mujer de 65 años y a su marido de 72, tras descubrir a Tajiri sustrayendo unos 100.000 yenes (861 euros/ 938 dólares) en vales. El hombre resultó gravemente herido y murió días después.
La ejecución se ha llevado a cabo en el centro de detención de Fukuoka (suroeste), informó un ministro de Justicia, Katsutoshi Kaneda que destacó en un rueda de prensa el "egoísmo" y la "crueldad" del caso.
Tras la ejecución de hoy, un total de 129 reos esperan ser ajusticiados en la horca en el país asiático.
La reticencia nipona a abandonar esta práctica ha sido duramente criticada por organizaciones como Amnistía Internacional, que tilda de "cruel" la legislación del país, donde se estipula entre otras cosas que los presos han de permanecer incomunicados y recibir la noticia de su ejecución pocas horas antes de llevarse a cabo.
Las organizaciones humanitarias y la comunidad internacional presionan regularmente a Tokio para abolir la pena capital, al tiempo que el Gobierno insiste en que el debate no es necesario dado el apoyo mayoritario que indican las encuestas (de en torno al 80%).
