Las quejas procedentes de Andalucía al Defensor del Pueblo han aumentado en un 41,8 por ciento en 2017, al pasar de 2.165 en 2016 a 3.732 el ejercicio pasado en la comunidad andaluza, según el informe anual de la institución, entregado este lunes en el Congreso y el Senado por el Defensor del Pueblo en funciones, Francisco Fernández Marugán.
El informe, recogido por Europa Press, refleja además que las quejas de los andaluces representan el 15,17 por ciento de las 24.608 contabilizadas en España en 2017.
Por provincias, del total de quejas de Andalucía, 971 corresponden a la provincia de Almería; 391 a las de Cádiz; 188 a la de Córdoba; 710 a la de Granada; 116 a la de Huelva; 146 a la de Jaén; 673 a la de Málaga; y 537 a la de Sevilla.
Del mismo modo, el informe apunta que de Andalucía al Defensor del Pueblo procedieron dos solicitudes de interposición de recursos ante el Tribunal Constitucional de las 40 contabilizadas en 2017 en toda España, seis menos que en 2016 en la comunidad andaluza, de las cuales una corresponde a la provincia de Córdoba y otra a la de Málaga.
Durante la presentación del informe, y en relación a temas que atañen a Andalucía, la Defensoría ha alertado de que un año más la actividad más contaminante es promovida o amparada "en muchas ocasiones" por las administraciones públicas, calificando así como "caso paradigmático" el de los proyectos de explotación y almacenamiento de gas subterráneo en el entorno de Doñana.
Según la institución, es un caso en el que se considera que la evaluación efectuada "no es concluyente" por lo que ha sugerido al Ministerio de Agricultura, Pesca, Alimentación y Medio Ambiente que revise las declaraciones de impacto ambiental (DIA) de los cuatro proyectos de explotación y almacenamiento de gas en el entorno de Doñana, incluida la valoración de las distintas alternativas al almacenamiento de gas, del riesgo sísmico y los impactos de la inyección y del almacenamiento subterráneo sobre el acuífero.
Además, ha solicitado al Ministerio de Energía, Turismo y Agenda Digital que suspenda los trabajos del proyecto Marismas Occidental, en tanto se realiza la evaluación.
Igualmente, según un comunicado, el informe se hace eco de que en 2017 más de medio millar de hombres de origen argelino que llegaron de manera irregular a las costas de Murcia fueron internados en el Centro Penitenciario Málaga II (Archidona) en funciones de CIE de carácter temporal y cómo la institución hizo un seguimiento "exhaustivo" de este asunto. Las instalaciones fueron visitadas en dos ocasiones y además se supervisó la devolución de un grupo de estas personas por vía marítima a Orán (Argelia).
Tras la primera visita en la que se detectaron "numerosas carencias", el Defensor formuló diez sugerencias y un recordatorio de deberes legales a la Dirección General de la Policía para que las personas allí internadas gozaran de los mismos derechos y garantías que en un CIE. La institución mantiene abierta una investigación de oficio por el suicidio de un interno en este centro.
TOTAL ESPAÑA
En total en España, las quejas de los ciudadanos al Defensor del Pueblo aumentaron en 2017 en un 51,5 por ciento con respecto al año anterior, hasta situarse en 24.976, frente a las 16.485 del ejercicio anterior. En el año 2016 se produjo un descenso del 7,5 por ciento en las quejas en relación con el año anterior.
Según el informe, de las 24.976 quejas, un total de 14.829 fueron individuales (13.151 en el ejercicio anterior), y otras 10.147 fueron quejas de igual contenido o finalidad agrupadas para una tramitación conjunta (3.334 tramitadas en el año 2016).
En total, el Defensor del Pueblo tramitó durante el año 2017 un total de 25.776 expedientes (un 48,17% más que en 2016), correspondientes a las mencionadas quejas (24.976), junto a las investigaciones de oficio (760) y solicitudes de interposición de recurso de inconstitucionalidad (40).
Además, la Institución dirigió a las Administraciones 918 recomendaciones, 1.048 sugerencias, 370 recordatorios de deberes legales y dos advertencias. En total, se formularon 2.338 resoluciones, lo que supone un incremento del 32 por ciento con respecto al año anterior.
