La Dirección Nacional de Inteligencia de Colombia (DNI) rechazó este sábado las acusaciones de tres senadores sobre presuntas escuchas ilegales hechas por ese organismo y manifestó su disposición a colaborar en el caso.

La DNI detalló en un escueto comunicado su "rechazo total ante la carta" que los senadores Iván Cepeda, del Polo Democrático Alternativo; Roy Barreras, del Partido de la U, y Antonio Sanguino, de la Alianza Verde, enviaron al presidente Iván Duque para denunciar que se busca crear un "montaje judicial" en su contra.

"Trabajamos con las mejores prácticas de transparencia, trazabilidad, respeto por la dignidad humana y los Derechos Humanos (...) Estamos prestos a colaborar para certificar la transparencia de nuestro actuar, que tiene como objeto 'proteger los derechos y libertades de los ciudadanos'", añadió la DNI, que depende de la Presidencia.

Cepeda explicó hoy a Efe que si las acusaciones resultan siendo ciertas se revivirán "las chuzadas", como se conoce al escándalo de interceptaciones ilegales hechas contra opositores y periodistas durante el Gobierno de Álvaro Uribe (2002-2010) desde el desaparecido Departamento Administrativo de Seguridad (DAS).

Las funciones de ese organismo pasaron a otras entidades del Estado tras ser liquidado en 2011 luego de que desde allí se hiciera espionaje ilegal a periodistas, magistrados, políticos opositores y defensores de derechos humanos, entre otros, durante el Gobierno de Uribe.

Por ese caso fueron condenados el exsecretario de la Presidencia de Colombia Bernardo Moreno y la exjefa del DAS María del Pilar Hurtado, quienes fueron hallados responsables de varios delitos por la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia.

Asimismo está en prisión el exdirector del DAS Jorge Noguera, quien cumple una pena de más de siete años como coautor del delito de concierto para delinquir agravado en ese escándalo por realizar "interceptaciones de comunicaciones privadas, vigilancia y seguimientos sin orden de autoridad judicial".

En ese sentido, el senador Cepeda manifestó que los tres congresistas realizaron la denuncia como "una medida preventiva".

"Eso es una violación no solamente a los derechos de cada uno de quienes firmamos la carta sino también un grave atentado contra el derecho a la oposición y al ejercicio democrático de la política y también en este caso una manera de silenciar a quienes defendemos el proceso y el acuerdo de paz (firmado en noviembre de 2016)", añadió.

En la misiva, los senadores aseguraron que hay en marcha "operaciones de descrédito" en contra "de una decena de ciudadanos" que, según afirmaron, fueron declarados "objetivos políticos de acciones encubiertas".

Esas directrices de ejecutar "seguimientos y acciones contra los suscritos", según la denuncia, fueron ordenadas por el director de la DNI, el almirante Rodolfo Amaya Kerquelen.

Por ello denunciaron esas "operaciones", que calificaron de "usuales en regímenes despóticos en los que se acalla a la oposición", ante las autoridades competentes y enviaron una copia de la carta al fiscal general encargado de Colombia, Fabio Espitia, y a la presidenta de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), Esmeralda Arosemena de Troitiño.