Más de 80 expertos y representantes del sector de la promoción inmobiliaria y de vivienda protegida en todo el país debaten desde este miércoles el actual panorama económico financiero y su afección en la construcción, así como el nuevo Plan Estatal de Vivienda y las novedades contables, fiscales y sobre la negociación bancaria en un momento como el actual marcado por la crisis económica y los cambios legislativos en esta materia.
La vicepresidenta primera y diputada del área de Fomento, Desarrollo y Asistencia a Municipios, Luisa García Chamorro, ha afirmado en la inauguración de esta jornada que en la provincia la Diputación es la "única administración que está apostando por la construcción de viviendas protegidas" con promociones como la de Armilla y otras que están en fase de estudio de viabilidad pues "la Junta de Andalucía se ha descolgado y no construye".
"Tenemos que adaptarnos a las circunstancias económicas", ha señalado la vicepresidenta primera recalcando que hoy las VPO que se construyen son en régimen de alquiler contribuyendo así a garantizar el derecho a la vivienda en un momento en el que "mucha gente no tiene tan fácil acceder a un crédito hipotecario".
Para el vicepresidente segundo, José Robles, las jornadas son una oportunidad para "explorar nuevos yacimientos de empleo" desde el sector de la construcción en ámbitos como el turístico. Como consejero delegado de la Empresa Provincial de Vivienda y Suelo Visogsa, Robles ha reseñado el esfuerzo por mantener íntegra su plantilla así como por impulsar la actividad promotora en la provincia tanto en la construcción de viviendas como en las obras de mejora en colegios.
"Hoy tengo que hacer nuevamente un llamamiento a la Junta de Andalucía", ha aseverado Robles exigiendo el pago de los más de 2,6 millones de euros que adeuda la administración autonómica en materia de vivienda protegida a Visogsa, "dinero que la Junta de Andalucía ya ha recibido del Estado". Una "reivindicación" que se suma a la de los promotores privados que hace unos días exigían más de 7,5 millones de euros al Gobierno andaluz, ha remachado el vicepresidente segundo.
Con el apoyo de la Diputación, las jornadas de la Asociación de Promotores de Vivienda y Suelo vuelven a reunir a economistas de probada trayectoria profesional como son este año Enrique Bueso Guirao, Javier García Álvarez, Martí García Pons, José Manuel Pomares Medrano, Antonio Esteban, Mario Cantalapiedra Arenas, Bartolomé Borrego Zabala, Susana Blasco Jordana, Juan Manuel Pérez Mira, y David Ballester Ménguez.
En la inauguración de las jornadas, que se prolongan hasta este jueves, también ha intervenido el vicepresidente de la Asociación de Promotores de Vivienda y Suelo (AVS) de Andalucía, José Ramón Jiménez, director gerente de Visogsa, empresa provincial que ha desempeñado un activo papel durante todos estos años en AVS, formando parte de su junta directiva tanto a nivel nacional como autonómico.
José Ramón Jiménez ha indicado que en un "momento convulso" como el actual, la preocupación principal de los promotores es la económica. "Estas empresas necesitan financiación de los bancos", ha reseñado Jiménez. El análisis de los catedráticos y expertos reunidos cobra especial interés ante las posibilidades que se abren "a corto plazo" para la promoción inmobiliaria, profundizando también en la "apuesta" del Gobierno con el Plan Estatal de Vivienda.
La AVS es una asociación sin ánimo de lucro que nació por la iniciativa de 28 empresas u organismos públicos promotores de vivienda y suelo y tiene representación en el ámbito estatal, autonómico, provincial y municipal.
El objetivo primordial de AVS es favorecer el cumplimiento del mandato constitucional y del Estatuto de Autonomía de Andalucía de "proporcionar a todos los ciudadanos el acceso a una vivienda digna, adecuada y sostenible, actuando de manera integrada con otras áreas y otros agentes, contemplando la globalidad de acciones necesarios para la inserción social y el bienestar ciudadano".
Para todo ello AVS "interviene y participa en la redacción de la normativa de vivienda y suelo, tanto a nivel estatal como autonómico, siendo miembro del Consejo del Plan Estatal de Vivienda y del Consejo de Participación del nuevo Plan de Vivienda".
