La Audiencia de Granada acogerá desde el 14 de enero el juicio por la presunta trama corrupta que durante ocho años alteró información de las bases de datos del Catastro de Granada con la supuesta participación de dos funcionarios que falsearon esta documentación para facilitar resoluciones y certificaciones catastrales según lo solicitado por distintas personas que les pagaron por ello.
En el banquillo de los acusados se sentarán un total de nueve personas, los citados funcionarios, que se enfrentan a una petición fiscal de 18 y 13 años de cárcel y el resto de personas implicadas en esta trama, entre los que se encuentran dos empresas mercantiles, un empleado de una notaría de Albuñol y un arquitecto.
Todos ellos están acusados de delitos continuados de falsedad en documento público y de cohecho, aunque a los funcionarios el fiscal suma otros dos delitos de infidelidad en la custodia de documentos, según consta en el escrito de acusación provisional del Ministerio Público, al que ha tenido acceso Europa Press.
El asunto fue investigado por el Grupo de Delincuencia Urbanística de la Guardia Civil, que determinó que, al menos en el periodo comprendido entre marzo de 2005 y mediados de 2013, estos dos funcionarios de la Gerencia Territorial del Catastro de Granada se sirvieron de sus puestos para alterar información de las bases de datos de esta oficina para obtener certificaciones catastrales en el sentido solicitado por los interesados a cambio de dinero.
El fiscal del caso hace hincapié en que los datos del Catastro tienen una presunción de certeza, por lo que estas falsedades tienen una especial relevancia y su perjuicio es mayor que si se produjera en otros documentos. Además, el uso dado a las certificaciones falsas ha sido muy diverso, en función de los intereses de las personas que las instaban y "desgraciadamente" se desconoce sus efectos dada la presunción de veracidad de esta oficina pública.
Así, algunas de estas certificaciones se han incorporado a expedientes municipales en áreas de urbanismo, a protocolos notariales y a Registros de la Propiedad, según expone el fiscal para relatar la trascendencia de esta trama ilícita.
En las investigaciones se pudo acreditar que los dos funcionarios procesados aumentaron su patrimonio en este periodo, teniendo uno de ellos 141.175 euros de origen desconocido y que no ha podido justificar, y el otro unos 31.000 euros.
La Unidad Central Operativa de la Guardia Civil determinó que las modificaciones catastrales se instaron a través de varias vías: por un empleado de una notaría de Albuñol, por un despacho de arquitectos, por dos mercantiles y por un abogado, todos los cuales serán juzgados en esta causa y se enfrentan a penas de entre cuatro años y medio y nueve años de cárcel, además de a diferentes multas.
Junto a las penas de prisión, la Fiscalía ha pedido 20 y 27 años de inhabilitación para los dos funcionarios, que también se enfrentan cada uno a multas de 23.400 y 17.400 euros por estos hechos, que serán juzgados hasta el próximo 27 de febrero en la Sección Primera de la Audiencia de Granada.
