La Audiencia Provincial retoma este miércoles, en la Sala Antonio Angulo del complejo judicial de Caleta, el juicio contra el exalcalde de Granada José Torres Hurtado (PP), nueve de sus ediles, ninguno de ellos concejales ya en el Ayuntamiento, y cargos y técnicos del Consistorio por el llamado 'caso Serrallo'.
La prueba testifical, para la que fueron citadas inicialmente más de 30 personas, comienza este 19 de febrero y proseguirá durante varias sesiones. Le seguirá la prueba pericial. Para la prueba documental, informes de las partes y última palabra de los acusados se han señalado en principio los días 26 y 31 de marzo, 1 y 2 de abril.
En total, la Sección Segunda de la Audiencia ha reservado dos meses para este juicio, desde el pasado 3 de febrero al 2 de abril de 2020, en los que son juzgados un total de 17 personas en relación a la supuesta construcción irregular de una discoteca, con sala de fiestas y pista de patinaje con bar, en una zona verde junto al Centro Comercial Serrallo Plaza, en la que solo se podría haber creado un parque infantil.
La Fiscalía ha solicitado en este caso ocho años de prisión, multas de 522.000 euros y 36 años y medio de inhabilitación para el exalcalde Torres Hurtado y la exconcejal de Urbanismo Isabel Nieto.
El exregidor, quien, en su declaración ante el tribunal adujo que "no tenía ni idea" del proyecto, está acusado de delitos contra la ordenación del territorio, fraude en la contratación, prevaricación común, prevaricación urbanística, tráfico de influencias y malversación de caudales públicos. Nieto es juzgada por los mismos delitos que el exalcalde, aunque sumando uno más de falsedad en documento oficial.
Fue el pasado mayo cuando el Juzgado de Instrucción 2 de Granada decretó la apertura de juicio oral contra un total de 17 personas por este caso, incluyendo a los ediles del PP que apoyaron, el 26 de julio de 2012, en una Junta de Gobierno Local investigada. Se trata de Telesfora Ruiz, Fernando Egea, Juan Antonio Fuentes, Francisco Ledesma, María Francés, Juan García Montero, Juan Antonio Mérida y Vicente Aguilera.
Mientras que Nieto destacó en su declaración, con toga al ser además abogada en la causa en defensa propia, la legalidad de las obras del entorno del centro comercial, el resto de ex concejales también defendieron su inocencia, relatando cada uno sus competencias, que no tenían que ver con el urbanismo.
Ni la Fiscalía ni el Ayuntamiento de Granada, que, ahora gobernado por el PP y Cs, ejerce la acusación particular, han formulado cargos contra estos últimos, aunque sí lo han hecho otras acusaciones personadas en el proceso. Todos ellos han sido procesados como presuntos autores de un delito de prevaricación urbanística.
Entre las personas que también se sientan en el banquillo de los acusados se encuentra el que fuera director de Obras Municipales, Manuel Lorente, para el que la Fiscalía pide las mismas penas que al exalcalde de Granada. También un interventor, otros antiguos altos cargos del área de Urbanismo y el promotor Roberto García Arrabal.
Todos los acusados, al haber ya prestado declaración, tienen derecho, según lo estipulado por el tribunal, para no acudir al resto de sesiones. En la causa también están acusadas también cuatro empresas mercantiles, en un proceso que enjuicia supuestos delitos contra la ordenación del territorio, prevaricación urbanística, prevaricación, malversación de caudales públicos, fraude en la contratación, falsedad en documento oficial y tráfico de influencias.
