El Ministerio de Vivienda y Agenda Urbana, la Junta de Andalucía y el Ayuntamiento de Punta Umbría han acordado la construcción de 48 viviendas de alquiler social, en la calle Juan Hernández González, junto a la urbanización Alcalde Cayetano Hernández del Campo.
Se trata de una parcela propiedad del Ayuntamiento, “en la que vamos a construir esta primera fase de viviendas que tanta falta hacen en Punta Umbría y que tendrán un alquiler mensual muy bajo” ha dicho el alcalde, José Carlos Hernández Cansino, asegurando que “vendrán más fases porque disponemos de más suelo para poder llevarlas a cabo”. También ha recordado que “hace veinte años que no se construye una vivienda de estas características en Punta Umbría”.
El acuerdo de las tres administraciones recoge que el coste total de esta actuación asciende a 4.670.521´48 euros. De esta cantidad, se ha aprobado que el Ministerio de Vivienda otorga una subvención de 1.366.692´60 euros, lo que supone un 29´26% de participación en esta promoción, y la Comunidad Autónoma entrega 720.000 euros, con un 15´42% de participación. El resto debe aportarlo el Ayuntamiento de Punta Umbría, es decir, 2,583.828´88 euros, que se corresponde con el 55´32% del global de la actuación. “Hemos conseguido la subvención máxima que se podía solicitar”, añade Hernández Cansino.
Ante este panorama, el alcalde manifiesta su “satisfacción por este logro” que, según sus palabras “es la mayor ayuda para construir viviendas sociales que ha recibido nuestro Ayuntamiento en la historia, una oportunidad única que no debemos dejar escapar”.
A este respecto, señala que para recibir este dinero, el Consistorio puntaumbrieño tiene que aportar el resto del coste de la promoción, que asciende a 2.583.828 euros y recuerda que “para poner nuestra parte tenemos que sacar a la venta los terrenos de los depósitos del agua. Si no lo hacemos, perdemos la subvención”, afirma. En este sentido, el regidor municipal adelanta que volverá a llevar a Pleno la venta de la citada parcela, toda vez que se han superado las trabas legales que impedían la enajenación de estos terrenos.
