El Ayuntamiento ha desestimado todas las alegaciones presentadas por la exconcejal de Urbanismo, Claudia Márquez, y le exige la restitución de la legalidad en la vivienda que la concejala socialista adquirió a una fundación del Obispado de Cádiz.

En el decreto, firmado el 22 de julio por el delegado municipal de Presidencia, Conrado Rodríguez, se reconoce que fue la denuncia efectuada por el PP la que alertó sobre las presuntas irregularidades e incumplimiento del PEPRICH cometidas por Claudia Márquez, entonces delegada de Urbanismo. Esta denuncia de los populares, que fue tachada por la edil del PSOE, e incluso por más miembros del gobierno municipal, incluido el propio Conrado Rodríguez, como una “persecución personal”, “campaña de acoso” y de “una bajeza moral sin precedentes”, ha quedado demostrado que únicamente perseguía “el que nadie utilice su condición de preeminencia en la administración para actuar de espaldas a la legalidad, puesto que todos los ciudadanos somos iguales y tenemos los mismos derechos y las mismas obligaciones”, ha señalado la concejal del PP, Carmen Roa.

Recuerda la edil que en las alegaciones, la socialista no presenta “ni una sola licencia de obras”. Es más, en todo el expediente relativo a la finca en cuestión no aparece ninguna licencia de obras, como corroboran en sus informes los técnicos municipales. Con esta actitud, lo único que puede concluirse es que Claudia Márquez ha pretendido ahorrarse el coste de un trámite obligatorio para todo aquel que emprende una obra, como es solicitar a la delegación municipal de Urbanismo -de la que ella era responsable- la preceptiva licencia.

El decreto, firmado por Conrado Rodríguez, le recuerda a Claudia Márquez que la vía administrativa queda agotada y que la única posibilidad de recurso a la decisión municipal sería acudiendo al Juzgado de lo Contencioso Administrativo. Es decir, la concejala del PSOE tendría que actuar contra el Ayuntamiento. “Sería una auténtica paradoja que la ex delegada de Urbanismo actuase judicialmente contra las decisiones municipales rubricadas por el gobierno del que forma parte. Aunque -recuerda el PP- el llevar a los juzgados al Ayuntamiento, o a sus técnicos, ya se ha convertido en una actitud habitual de la todavía concejal del PSOE”.

Por tanto, Claudia Márquez está obligada a restituir a la legalidad la finca de su propiedad, eliminando volúmenes construidos, por tanto, de manera ilegal vulnerando la protección urbanística de la vivienda que le confiere el PEPRICH.

Si a finales del presente mes, que es cuando cumple el plazo habilitado para que acuda al Contencioso Administrativo, Claudia Márquez no hubiese realizado las obras exigidas, el Ayuntamiento deberá proceder “a la imposición de hasta 12 multas coercitivas con un máximo de 5.000 euros y 600 euros como mínimo”.

Además de esto, el PP ha tenido constancia de hechos que, cuando menos, son irregulares y muy sospechosos, como el que la citada concejala socialista sacara del Ayuntamiento el expediente municipal sobre su vivienda, permaneciendo fuera de las dependencias municipales “durante mucho tiempo”. “No sabemos que tendrá que decir la alcaldesa Patricia Cavada al respecto, pero esperamos que tome cartas en el asunto”, subrayó.

Desde el PP se recuerda que la denuncia que ha propiciado toda esta actuación “solo ha buscado velar por la igualdad de todos los ciudadanos, realizar la labor de fiscalización propia de la oposición municipal  y defender la Ley ante quienes creen que pueden saltársela por el mero hecho de ser concejal. Esta situación es muy seria y esperamos que Claudia Márquez cese o sea cesada como concejal de inmediato”.