Agentes de la Policía Nacional han detenido a seis personas y a otras dos personas como investigados no detenidos a los que se les imputa la presunta participación en los delitos de malversación de caudales públicos, blanqueo de capitales, asociación ilícita, estafa y falsedad documental. Los dos principales investigados son un matrimonio, profesores de la Universidad de Cádiz, los cuales se valieron de su cargo como responsables de las correspondientes aéreas donde gestionaron en su beneficio ayudas económicas asignadas a proyectos y trabajos de investigación que finalmente fueron desviadas a fines ajenos, para beneficio propio y el de terceros. Entre los detenidos e investigados se encuentran varios empresarios de Sanlúcar de Barrameda.
La investigación realizada por la Unidad Delincuencia Económica y Fiscal de la Policía Nacional se inició en octubre de 2017 a requerimiento del Juzgado de Instrucción número cuatro de Cádiz tras la denuncia presentada por la Universidad de Cádiz tras detectar que un grupo de empresarios incrementado de forma inusual su volumen de facturación como proveedores de servicios aparentemente prestados a la UCA y a la FUECA.
Las primeras pesquisas realizadas permitieron determinar que las cantidades desviadas de fondos públicos habrían ido a parar a la financiación de la construcción de una lujosa vivienda particular situada en la exclusiva Urbanización de Vistahermosa del Puerto de Santa María. Los principales investigados resultaron ser dos profesores de la Universidad que contaron con la ayuda de empresarios dedicados, en su mayoría al ámbito de la construcción y equipamiento de hogar, quienes habrían facturado directamente una parte de los trabajos realizados en la construcción de la vivienda, a la Universidad de Cádiz y a la Fundación Universidad Empresa de Cádiz indistintamente, modificándose convenientemente los conceptos de éstas para aparentar servicios relacionados con los proyectos de investigación para lo que se habían destinado las ayudas públicas.
La Universidad de Cádiz en su papel fiscalizador haciendo de intermediaria de los fondos habría estado autorizando el abono de dichos pagos, en la creencia de que se abonaban para ejecutar servicios, trabajos, actividades, e investigaciones relacionadas con el ámbito universitario que nunca llegaron a materializarse, para el cual habían sido concedidas las subvenciones. Subvenciones públicas y privadas de carácter nacional, europeo e internacional.
Fruto de las gestiones practicadas y del análisis de los datos obtenidos, los agentes especialistas en delitos contra el patrimonio y el orden socio-económico han podido determinar que el dinero desviado del erario público supondría una cantidad superior a los 730.000 euros, de los cuales casi 700.000 fueron defraudados a través de la Universidad de Cádiz y la Fundación Universidad Empresa de Cádiz y más de 30.000 euros a través de la Universidad de Jaén.
Asimismo se han practicado sendos registros domiciliarios en dos inmuebles de la localidad de El Puerto de Santa María, incautándose numerosa documentación, así como equipos informáticos relacionados con la causa investigada. Por parte de la autoridad judicial se ha ordenado la anotación preventiva de embargo de dichos inmuebles, como medida cautelar y garantía de la posible responsabilidad pecuniaria de los principales encartados.
En total se han practicado un total de 6 detenciones y 2 investigados no detenidos, entre los que se cuentan además del matrimonio de funcionarios públicos de la Universidad de Cádiz, un conocido constructor y un empresario de fontanería de Sanlúcar de Barrameda, entre otros empresarios de esa misma localidad, por su presunta participación en los delitos de malversación de caudales públicos, blanqueo de capitales, asociación ilícita, estafa y falsedad documental. Algunos de los encartados ya tenían antecedentes policiales y judiciales por delitos similares.
La investigación aún continúa abierta y no se descartan nuevas detenciones, ya que parece probable que el fraude haya podido alcanzar a otras partidas presupuestarias de fondos públicos, que también podrían haber sido desviadas con fines particulares, por lo que el importe final podría incluso superar el millón de euros.
