El equipo de Aranzadi Sociedad de Ciencias que acomete las excavaciones en la fosa común de Pico Reja del cementerio municipal de Sevilla, por encargo del Ayuntamiento hispalense, ha cerrado el mes de octubre con un balance acumulado que arroja la localización de restos mortales de un total de 7.363 personas, 7.245 de ellas ya exhumadas, destacando los cadáveres de 1.583 personas "asesinadas" al presentar sus restos aspectos como agujeros de proyectil en el cráneo.
Así figura en el acta mensual firmada el pasado 1 de noviembre por el antropólogo Juan Manuel Guijo y el arqueólogo Jesús Román en nombre del equipo técnico, un documento recogido por Europa Press.
Este acta, así, fue formalizada el día previo a que la hermandad de la Macarena exhumase de su basílica los restos mortales del general golpista Gonzalo Queipo de Llano y del auditor de guerra Francisco Bohórquez Vecina, merced al requerimiento formulado por el Gobierno central a la hermandad a cuenta de las determinaciones de la reciente reforma de la Ley estatal de Memoria Democrática, que prohíbe la presencia de restos de dirigentes del golpe de Estado de 1936 en lugares preeminentes de acceso público.
Según la Real Academia de la Historia, "las estimaciones más fiables cifran en alrededor de 40.000" las personas "ejecutadas en el territorio dominado por Queipo" tras el golpe de Estado de 1936, señalando que "sólo en la ciudad de Sevilla se han contabilizado 4.200 ejecuciones y otras 9.000 en la provincia".
Después de que las excavaciones de la fosa común de Pico Reja comenzasen en enero de 2020, el pasado mes de junio, recordémoslo, el Ayuntamiento hispalense ampliaba el presupuesto destinado a esta intervención porque la localización de restos óseos de personas represaliadas por las tropas sublevadas desde el comienzo del golpe de Estado de julio de 1936 ha "desbordado" las previsiones iniciales.
LAS VÍCTIMAS DE PICO REJA
En ese sentido, recordemos que entre las víctimas enterradas en la fosa de Pico Reja figurarían miembros de la corporación municipal hispalense de la época, algunos alcaldes de la zona e incluso diputados. Podría ser, de hecho, la fosa donde descansarían los restos de Blas Infante, ejecutado precisamente en agosto de 1936 y declarado como Padre de la Patria Andaluza.
Los últimos avances de la investigación científica promovida en torno a esta fosa apuntan a que la misma acogería los restos de, al menos, 30 miembros de la columna minera de Riotinto, enviada desde Huelva hacia Sevilla capital el 18 de julio de 1936 para detener el alzamiento militar y cuyos efectivos fueron víctimas de una emboscada tendida en la Cuesta del Caracol de Camas a manos del comandante de la Guardia Civil Gregorio Haro Lumbreras y los hombres bajo su mando, pese a que éste había declarado su lealtad al legítimo Gobierno republicano.
EL COTEJO GENÉTICO
En paralelo al rescate de estos restos óseos, el equipo encargado de la exhumación está remitiendo tandas de muestras de los mismos al Departamento de Medicina Legal, Toxicología y Antropología Física de la Universidad de Granada, para la identificación de los cadáveres a través del cruce del ADN extraído del hueso con las muestras biológicas tomadas en su día a familiares de represaliados.
Para este cotejo, los técnicos de Aranzadi seleccionan muestras de unos diez centímetros de los huesos mayores del esqueleto apendicular en mejor estado y los introducen en sobres de papel sellados, lacrados e identificados con una serie de números y letras que se corresponden con los datos de exhumación del cuerpo.
Conforme vayan surgiendo correspondencias efectivas (o positivas) entre el ADN de los restos óseos del represaliado y las muestras biológicas tomadas a familiares, la administración competente trasladará el resultado de forma totalmente privada a la familia, abriéndose entonces otro procedimiento para la entrega del cuerpo en caso de identificación.
