La gestión ineficiente de los residuos sólidos urbanos que se realiza en la planta de Montemarta-Cónica en Alcalá de Guadaíra, que lleva a cabo la empresa Aborgase para la Mancomunidad de los Alcores con una concesión en prórroga forzosa desde 2016, provoca que al año se entierren en vertedero 16 millones de euros, una cifra que se podría incrementar en 35 millones más con la nueva normativa de envases, dado el bajo ratio de recuperación en el contenedor gris, de sólo un 2,2%, según datos del Ministerio de Transición Ecológica.

El contenido en materiales reciclables de los residuos que recibe las instalaciones de la Mancomunidad de los Alcores en Alcalá de Guadaíra y que gestiona Aborgase se estima en unos 175 millones de kilos, entre metales, plásticos, cartón y vidrio, según las estimaciones de la ONG Rethinking, Observatorio de Residuos. La recuperación económica que supuso la salida del confinamiento provocado por el Covid, junto a los efectos provocados por la guerra de Ucrania, provocaron que en los dos últimos años los precios de las materias primas se incrementaran considerablemente, aunque han experimentado un parón en los últimos meses.

Sin embargo, la situación de “obsolescencia técnica” en la que se encuentran las instalaciones de la planta de Montemarta-Cónica, propiedad de la Mancomunidad de los Alcores, que la sitúa en los puestos de cola de las plantas de tratamiento de residuos de Andalucía, provoca que la inmensa mayoría de estos materiales reciclables terminen enterrados en el macrovertedero que gestiona Aborgase.



Así, la planta de Aborgase se sitúa en la tercera por la cola en nivel de rendimiento en Andalucía, según la Memoria anual de residuos de Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico de 2019, de forma que sólo cuenta con una ratio del 2,2%, lo que contrasta con el resto de plantas de la provincia y, especialmente, con la de Alhendín, en Granada. Así, el rendimiento de la planta de Estepa está al 3,5%; el de la planta de Alcalá del Río, al 4%, y el de la instalación de Marchena al 6,2%, mientras que el de las instalaciones granadinas se sitúan a la cabeza con un 11%, la única que supera los dos dígitos en Andalucía.

Con estos datos, Rethinking estima que estos 175 millones de kilos que entran en la planta de Aborgase y que no se recuperan de forma correcta, “el valor de mercado que alcanzarían estos materiales reciclables si se hubiesen recuperado superaría los 16 millones de euros”.

Alertan desde la ONG que estas pérdidas económicas se pueden agravar en el futuro, ya que según la nueva normativa sobre residuos de envases que entrará en vigor a principios del próximo año, las empresas responsables de poner envases en el mercado se verán obligadas a pagar a los ayuntamientos por la gestión de estos residuos, incluso por aquellos residuos de envases que se gestiones fuera de los circuitos de recogida selectiva. Es decir, que a partir del año 2023, empresas como Ecoembes o Ecovidrio deberán pagar a los ayuntamientos por gestionar sus residuos que vayan en el contenedor gris, donde están todos mezclados.

Con esta cofinanciación se deben cubrir los costes de recogida y tratamiento de los residuos de envases. “El problema radica en que el pago se realizará en función de los envases recuperados. De tal forma que una planta como la de la Mancomunidad de los Alcores, gestionada por Aborgase, que tenga unas ratios de recuperación muy bajas, provocará que los ayuntamientos reciban menos dinero de Ecoembes y Ecovidrio. Las pérdidas estimadas en este caso podrían alcanzar los 35 millones”, asegura Francisco Peula, presidente y cofundador de Rethinking.

“Esta lamentable situación, que coloca al área metropolitana de Sevilla a la cola de la gestión de residuos a nivel andaluz y nacional, y muy lejos de poder alcanzar los objetivos marcados por la normativa de residuos vigente en la actualidad, es necesario revertirla, mediante la modernización de las instalaciones, con las que se estima se generen de forma directa más de 100 puestos de trabajo, facilite de forma sustancial una mayor recuperación de materiales y aporte a las entidades locales nuevas vías de financiación para la gestión de sus residuos”, asegura Peula.

Para la Rethinking, “la gestión de residuos debe de pasar de ser la cenicienta de los servicios públicos de los ayuntamiento, a ser considerada como un sector económico, capaz de generar riqueza y puestos de trabajo en el territorio”.