Técnicos que trabajaron para la Junta de Andalucía tras el vertido tóxico en abril de 1998 de la mina de Aznalcóllar, explotada por la sueca Boliden, a la que la administración andaluza reclama 90 millones de euros, han confirmado este jueves que se adquirieron "partes" de algunas fincas que no estaban afectadas por los lodos.
La segunda jornada del juicio ha contado con el testimonio de los ingenieros de minas Francisca de la Hoz y Juan Carlos Costa, y del exmiembro de Egmasa Antonio Mora, doctor en Ciencias Químicas, todos ellos propuestos por la Junta, que han ofrecido detalles de las labores de restauración llevadas a cabo tras el vertido.
Francisca de la Hoz, que formó parte de la Oficina Técnica del Guadiamar entre junio de 1998 y el verano de 1999, negó que el proyecto del Corredor Verde existiera antes de que se produjera el vertido pese a la insistencia por parte de la defensa de Boliden a todos los testigos por saber si se trata de un proyecto ya predeterminado.
La ingeniera, que elaboró algunos de los proyectos que tuvo que poner en marcha la Junta para la restauración de la zona afectada, contó cómo encontró una situación de "pánico" entre la población, ya que la Oficina recibió muchas llamadas de personas interesadas en saber si la contaminación llegó a la playa o si era adecuado consumir determinados productos como el pescado o las frutas de las zonas afectadas o limítrofes.
De la Hoz, que estuvo a la órdenes de Javier Serrano, quien coordinaba la Oficina de Restauración, ha coincidido con su superior en que la Junta compró a los propietarios de los terrenos afectados por el vertido tóxico algunas partes de sus fincas que no estaban afectadas porque sus titulares o no estaban ya interesados en seguir con cultivos en la zona o simplemente porque se jubilaban.
Este argumento coincide con el planteado durante la primera sesión del juicio por Serrano, quien explicó que el 90 por ciento de las tierras adquiridas por la Junta habían sido afectadas por el vertido pero el 10 por ciento restante "había perdido su vocación agrícola", por lo que sus propietarios no estaban interesados en seguir cultivando en ellas.
El doctor en Químicas Antonio Mora ha dicho que se encargaba de las muestras y los análisis de los suelos y ha señalado que el 99 por ciento de los trabajos se hacían en laboratorios de la Junta y que no cobraban por el material que se usaba sino por los trabajos.
Preguntado por el motivo por el que se analizaban periódicamente también suelos que no habían sido afectados por el vertido, el técnico de Egmasa declaró que era normal que se hiciera de esta forma para tener "una referencia" respecto a los suelos contaminados, una situación que perduró durante varios años.
Juan Carlos Costa ha defendido los trabajos de reforestación realizados después de la catástrofe de la mina, que consistieron básicamente en una repoblación del arbolado que se encargara de la "absorción" del arsénico.
La Junta reclama a las empresas que forman parte de Boliden (Boliden Apirsa, Boliden AB y Boliden BV) 89.867.545 euros con el argumento de que con la fractura de la balsa del complejo minero se vertieron cinco millones de metros cúbicos de lodo que llegaron al entorno de Doñana, hubo 37 toneladas de peces muertos y se vieron afectadas 4.400 hectáreas, sin que la empresa aportara fondos en la restauración de la zona.
La administración recuerda que sus actuaciones de recuperación pasaron por la retirada de lodos, expropiaciones forzosas, control e impermeabilización de la Marisma de Doñana, asistencia técnica, estudio de descontaminación, actuaciones de restauración ambiental y de riberas del río Guadiamar y control de aguas subterráneas.
