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Miércoles 09/10/2024
 
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Sevilla

Ecologistas piden revocar el proyecto del crematorio en Mairena del Alcor

La organización ha recogido 1.856 firmas contra la instalación del crematorio, argumentando la emisión de gases tóxicos y residuos radiactivos

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  • Más de un centenar de personas se han mostrado en contra. -
  • Piden que la empresa no pueda subsanar los defectos y que el proyecto no se lleve a cabo

 

Esta Administración considera que el documento de valoración del impacto en la salud no aclara información relevante sobre la población residente dentro del radio de 1.000 metros

Ecologistas en Acción ha pedido al Ayuntamiento de Mairena del Alcor, liderado por el PP y su alcalde Juan Manuel López, que haga público el informe de la Consejería de Salud. Este documento señala como inviable el proyecto de un crematorio propuesto por Gesit Trazabilidad de Proyectos debido a la falta de información que garantice que no habrá impactos negativos en la salud de la población. Los ecologistas argumentan que la falta de transparencia viola las leyes de transparencia, tanto españolas como andaluzas, y solicitan que se impida a la empresa corregir los problemas señalados para denegar definitivamente el proyecto.

Ecologistas en Acción indica que tiene solicitado el informe desde el 12 de febrero, pero el mismo "no se ha hecho público, vulnerándose por tanto las obligaciones del Ayuntamiento establecidas en las leyes de Transparencia, española y andaluza, más aún cuando desde el 23 de enero se reinició un nuevo periodo de información pública del procedimiento de calificación ambiental destinado precisamente a informar a la ciudadanía sobre el expediente completo de ese proyecto contaminante".

El pasado 23 de enero, el Ayuntamiento de Mairena del Alcor emitía una providencia, exponiendo que un informe técnico del día 19 indicaba que merced a la Ley de Transparencia Pública de Andalucía, con relación a este proyecto las obligaciones del Consistorio en materia de difusión incluyen los documentos derivados de la legislación sectorial, obligación que debe entenderse "en relación a lo preceptuado en cuanto al trámite de información pública del Reglamento de Calificación Ambiental de Andalucía".

LA PROVIDENCIA MUNICIPAL

"Observado que a pesar de que esta Administración ha venido tramitando hasta el momento la exposición pública de todos los expedientes de calificación ambiental mediante los medios de información pública establecidos en el Reglamento de Calificación Ambiental (tablón de edictos, puesta de manifiesto del expediente en oficinas y notificación a colindantes), no se ha procedido a publicar mencionados expedientes en el portal de transparencia, circunstancia que no había sido advertida técnicamente con anterioridad", precisa la providencia, incoando un periodo de información pública respecto a este expediente de proyecto, incluyendo "los expedientes de Calificación Ambiental" del asunto.

Según el citado informe de la Consejería de Salud, emitido el pasado 22 de enero y que ha llegado a medios de comunicación, "una vez evaluada la información aportada por la empresa promotora y la información facilitada por el Ayuntamiento de Mairena del Alcor en las 22 alegaciones presentadas en contra del proyecto, esta Administración considera que el documento de valoración del impacto en la salud no aclara información relevante sobre la población residente dentro del radio de 1.000 metros".

"En especial", la Consejería considera que no ha sido aportada información suficiente sobre "otros centros escolares que, de acuerdo a la información aportada en las alegaciones, pudieran localizarse en el entorno" o "las viviendas que se sitúan a 90, 100 y 200 metros de la ubicación prevista para el proyecto y que aparecen en las alegaciones".

LA "PREOCUPACIÓN VECINAL"

En el informe de la Junta figura además que la empresa habría expuesto en su valoración de impacto sobre la salud que "no le consta que se haya detectado preocupación de la ciudadanía por el tema, cuantificando la preocupación ciudadana como 'media'", ante lo cual, una vez revisadas las 22 alegaciones que se han presentado en el Ayuntamiento, gobernado por el popular Juan Manuel López, la Consejería indica que no puede "estar de acuerdo con la estimación de la preocupación ciudadana que refleja el documento" de la empresa.

A juicio de los ecologistas, este informe es "condición necesaria y suficiente para que no se otorgue la Calificación Ambiental al proyecto de Crematorio", con lo que lamentan unas declaraciones que atribuyen al alcalde sobre que la empresa "tiene aún posibilidad de subsanar dichas deficiencias" aludidas en el dictamen de la Consejería.

QUE NO SE PERMITA SUBSANAR

"Las deficiencias detectadas son imposibles de ser subsanadas en la ubicación donde la empresa pretende ubicar el Crematorio", aseveran los ecologistas. Así, solicitan que "no haya posibilidad alguna de subsanación por parte de la empresa, dada la cantidad de deficiencias detectadas hasta la fecha y dada la propia naturaleza de dichas deficiencias, imposibles de subsanar, y que por tanto no se le conceda la Calificación Ambiental al crematorio".

El pasado 27 de enero, recordémoslo, unas 150 personas según los convocantes participaban en una concentración promovida por Ecologistas en Acción contra este proyecto, avisando un portavoz vecinal que el proyecto plantea una instalación contaminante, en un enclave que cuenta con un polideportivo a menos de 400 metros y un colegio a 600 metros, además de que en el área de un kilómetro residen "unos 4.000 vecinos".

Ecologistas en Acción, en ese sentido, señala que han sido recogidas "1.856 firmas" contra la ubicación elegida, al estar "demasiado cerca de zonas residenciales, el Colegio Huerta Retiro, oficinas, lugares de celebraciones, instalaciones deportivas y parques". "Un horno crematorio emite gases tóxicos incompatibles con usos residenciales 1. Son principalmente mercurio, óxidos de nitrógeno y de azufre, dioxinas, furanos; así como residuos radiactivos de baja, media e incluso alta actividad", señala la organización, acusando al Ayuntamiento de un supuesto incumplimiento de las leyes de transparencia al no publicar en el tablón electrónico de edictos y la página web municipal todo el expediente.

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