La presión social y el drama que escondían los últimos suicidios de personas a punto de ser desahuciadas de sus propiedades, acuciadas por las deudas hipotecarias, han conseguido lo que ni siquiera los políticos habían obtenido: que los bancos y las cajas de ahorros paralicen los procedimientos de desahucio contra familias “especialmente vulnerables”. Siete meses después de que la banca se negase a aplicar el Código de Buenas Prácticas que abrazó rápidamente cuando el Gobierno lo aprobó, ha sido la fuerza de los dramáticos hechos y la concienciación social que los desalojos han generado los que han obligado al sistema financiero a dar el primer paso. Aunque todavía hay que esperar a la reforma legal.
En una jornada en la que ha proseguido la movilización social en toda España contra los desahucios, con numerosas protestas ante sedes bancarias y de los principales partidos de la oposición, la mayoría de los procedimientos eran paralizados ante el júbilo de los afectados y, sobre todo, del movimiento que a lo largo de los últimos meses se ha consolidado en el país para denunciar los excesos de una Ley decimonónica que poco protege a los más desfavorecidos.
La noticia llegaba a primera hora. La Asociación Española de Banca (AEB) anunciaba su compromiso de paralizar los desahucios durante los próximos dos años “en aquellos casos en que concurran circunstancias de extrema necesidad”, y se ponía a disposición del Gobierno y de los partidos políticos para reformar la legislación actual, como también harían posteriormente las cajas de ahorro. La patronal bancaria, que había mantenido diversos contactos con representantes del Gobierno, aseguraba en un comunicado que adoptaba esta medida por “razones humanitarias y en el marco de su política de responsabilidad social” y tras un debate “intenso y profundo” de los bancos asociados, “a fin de contribuir a paliar la situación de desamparo de muchas personas por causa de la crisis económica”.
Tras la patronal bancaria llegaba el anuncio de las entidades financieras asociadas a la Confederación Española de Cajas de Ahorros (CECA), aunque en su caso decidían suspender la ejecución de desahucios de vivienda habitual de colectivos “especialmente vulnerables hasta la entrada en vigor de la reforma normativa anunciada por las autoridades”.
Defendía sus esfuerzos por evitar los desahucios, apuntando que las entidades han estudiado caso por caso para ofrecer a los clientes hipotecarios la medida más oportuna, como refinanciaciones, periodos de carencia, daciones en pago con carácter voluntario o la adquisición de vivienda para su posterior alquiler al deudor, entre otras.
¿Un paripé?
Sin embargo el anuncio ha chocado con la desconfianza de los afectados en medio de una jornada de protestas y manifestaciones por desahucios. Así, la Plataforma de Afectados por la Hipoteca (PAH) de Madrid ha considerado que el anuncio de banca y cajas es un “parche” y se ha preguntado cuáles serán los requisitos que tendrán que cumplir las familias para acogerse a sus condiciones.
La portavoz y psicóloga de la Plataforma, Tatiana Roeva, ha señalado que ahora se preguntan “qué requisitos pondrán y cuáles son las familias que consideran de extrema necesidad o muy vulnerables”, porque para PAH “absolutamente todas las familias que se encuentran en esta situación son consideradas de extrema necesidad y vulnerables”. “Porque perdiendo la casa pierden todo, pierden su identidad”, ha añadido.
“Después del comunicado nuestra respuesta es que no estamos de acuerdo y no necesitamos más parches. Ponen parches sobre heridas sangrantes y eso no vale, queremos soluciones”, ha sostenido la portavoz, quien ha considerado que con esta actitud “simplemente prolongan el sufrimiento de las familias sin dar una solución”, como ocurrió con el código de buenas prácticas que, a su juicio, “no sirvió para nada”.
Apuntes
El Gobierno podría aprobar el jueves el decreto
El Gobierno tiene previsto aprobar este jueves un decreto con las medidas sobre desahucios, en las que está trabajando con el PSOE -unas negociaciones que continúan- y que considera más urgentes, por lo que ya tiene decidido que el Consejo de Ministros las incluya en un decreto para que entren en vigor en cuanto puedan ser aprobadas.
Autónomos acreedores de la Administración
La Federación de Asociaciones de Trabajadores Autónomos ha emplazado a la Administración pública a que paralice los embargos de locales y viviendas en propiedad de trabajadores por cuenta propia mientras los organismos públicos les sigan adeudando facturas, ya que ésta "sigue sin conceder una moratoria en la ejecución de sus impagos”
Emvisesa comienza a analizar “caso por caso”
Desde el pasado lunes la comisión interdisciplinar compuesta por responsables de diversas delegaciones municipales ya revisa “caso por caso” cada una de las situaciones de riesgo de desahucio en el parque municipal de la vivienda pública de Sevilla, que gestiona Emvisesa, en virtud del acuerdo que alcanzó el domingo el alcalde Juan Ignacio Zoido con la empresa municipal.
Así, la comisión revisará los posibles casos de desahucio entre las viviendas publicas sevillanas -unas 600 de las 2.100 con las que cuenta el parque municipal- debido a la imposibilidad de sus inquilinos para seguir pagándolas.
Según fuentes municipales, la comisión revisa “todos los trámites de los posibles desahucios” que haya dictado Emvisesa, para que no se produzcan desalojos de las viviendas por el hecho de que carezcan de recursos para poder afrontar los pagos. El Gobierno municipal de Sevilla ha ordenado que se paralicen todos los procedimientos de desahucios iniciados por Emvisesa a lo largo de los últimos años a la espera de estudiarlos todos, con el fin de analizar la situación de cada una de las familias afectadas.
Según apuntó ayer Zoido, normalmente se enviaban hasta tres cartas para comunicar el desahucio, donde “en muchas ocasiones no se tenía constancia de que le hubiera llegado” a la persona afectada en cuestión. Ahora, una vez que se envíe la carta, los funcionarios de Emvisesa y de los servicios sociales “tendrán que asegurarse que han tomado contacto con la persona y que se están averiguando sus circunstancias para después tomar una decisión por parte de la comisión ejecutiva de Emvisesa”.
Añade que se han revisado los protocolos de actuación para que “nadie que viva en una casa de alquiler de Emvisesa o de alquiler con opción a compra pueda perder su vivienda porque la crisis haya hecho que pierda su puesto de trabajo”. Así, apunta además a las familias en riesgo de exclusión, con niños o mayores a su cargo, o que no cuentan con renta social, donde todas ellas “tienen que tener la comprensión del Ayuntamiento”.
Sevilla simboliza la “oleada de desahucios” en el ‘New York Times’
El diario estadounidense The New York Times ha publicado una información sobre la “oleada de desahucios” que sufren las familias españolas. El artículo presta especial atención al caso de un matrimonio de jubilados de Sevilla que fueron desahuciados de su vivienda después de hacerse cargo de sus dos hijas, quienes sumando a su vez tres hijos habían sido despedidas de sus respectivos empleos y luego desahuciadas.
El artículo, escrito por Suzanne Daley y recogido por Europa Press, se titula “Una oleada de desahucios provoca una crisis de personas sin hogar en España”. En el texto, Daley narra el desahucio de Francisco Rodríguez Flores, de 71 años, y de su esposa, Ana López Corral, de 67.
Ambos, según este artículo, “fueron desahuciados de su pequeño apartamento” por el impago de la hipoteca y la primera noche tras el desahucio “la pasaron en el portal de su bloque” mientras sus hijas, “ambas paradas, durmieron en la furgoneta de un vecino”.
Del artículo se desprende que el matrimonio forma parte de las 36 familias que habitan el bloque de viviendas de la denominada Corrala Utopía, en San Lázaro.
En detalle
Juan Espadas insta a Zoido a crear una unidad específica
Juan Espadas (PSOE) ha instado al gobierno local a extender el modelo de trabajo impulsado “con meses de retraso” para los afectados de Emvisesa “al resto de personas que hayan perdido sus viviendas en los últimos meses o que estén en riesgo de ser desahuciadas”.
Antonio Rodrigo Torrijos: El alcalde no es “ningún héroe” y llega tarde
Antonio Rodrigo Torrijos (IU) ha pedido a Zoido que “no se esfuerce más por parecer un héroe” por parar los desahucios de Emvisesa, y le ha reclamado “un poco de humildad” al respeto, ya que esta medida “debía haberla impulsado hace ya mucho tiempo”.
Juan Bueno: Al PSOE le molesta la iniciativa del PP
El presidente del PP de Sevilla, Juan Bueno, ha asegurado “lo que le pesa al PSOE es que Rajoy ha sido el primer presidente que ha decidido enfrentarse y solucionar este problema. Y ha sido ahora, Zoido, el primer alcalde que ha dado un paso adelante”.
La Rinconada también ofrece su asesoramiento
El Ayuntamiento de La Rinconada, gobernado por Javier Fernández (PSOE), pone en servicio a partir del 1 de diciembre y de forma gratuita un nuevo servicio de información y asesoramiento para personas amenazadas de desahucio.
