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Lunes 25/11/2024
 
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Sevilla

El Ayuntamiento alega que pedirá como \"competencias impropias\" las materias sociales para seguir con ellas

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La delegada de Familia, Asuntos Sociales y Zonas de Especial Actuación, Dolores De Pablo-Blanco, ha defendido este miércoles ante el PSOE que "este equipo de gobierno no ha recortado ni un euro del presupuesto en materia social, lo único que se ha hecho en estos últimos años es incrementar el presupuesto en siete millones de euros para poder atender todas las demandas así como realizar diversos programas y proyectos sociales".

   "En la actualidad se mantienen y se están ejecutando todos los programas y servicios que se prestan desde los Servicios Sociales, incluidas la tramitación de las convocatorias de subvenciones, que este año se están anticipando respecto a años anteriores las de salud y mujer. Por tanto, no es verdad que los servicios sociales estén colapsados a pesar del normal incremento de la atención motivado por el incremento de la demanda", ha señalado la delegada de Familia y Asuntos Sociales, que ha reiterado que "Espadas, con sus manifestaciones, demuestra que desconoce que el decreto ley publicado permite que se puedan ejecutar las competencias impropias y así lo hará este Ayuntamiento, pues se encuentra en estabilidad presupuestaria".

   Asimismo, De Pablo-Blanco ha recordado que "este Ayuntamiento viene haciendo lo contrario a lo que hace la Junta de Andalucía,  que desde hace tres años viene recortando las subvenciones que financian los servicios sociales en prácticamente todos los programas. Concretamente el año pasado nos concedieron 4.331.166 euros menos en comparación con 2010. La Junta recorta en asuntos sociales y el Ayuntamiento incrementa su presupuesto".

   "Si tan preocupado está Espadas por los servicios sociales lo que debe hacer es exigirle a sus compañeros de partido de la Junta de Andalucía que se impliquen en los planes integrales aprobando el de Tres barrios-Amate y que financien correctamente y como deben los programas que tienen cofinanciados con el Ayuntamiento, como exige el decreto ley 7/2014", ha señalado De Pablo-Blanco, que ha añadido que "Espadas nuevamente hace de vocero de la Junta de Andalucía el mismo día de publicación del Decreto Ley 7/2014, que abunda tanto en el mantenimiento de las competencias como en el de la financiación".

   Por el contrario, "la Junta recortó un 50% --de 9.325.289 euros que destinó en 2010 a 4.994.123 en 2013-- en el total de programas sociales que subvencionaba. Programas importantes y necesarios como  personal de refuerzo de la dependencia (sufrió el año pasado un recorte del 48%); Programa Zonas de Transformación Social (un 30% menos); Equipos de Tratamiento Familiar (un 8% menos); Programa Integración de la Comunidad Gitana (no concedió subvención alguna); Programa de Atención a la Población Inmigrante (un 60% menos ) y otros programas que ha dejado de subvencionar coincidiendo con la toma de posesión de esta Corporación como el Bonotaxi, programas de atención a la discapacidad y mayores, por ejemplo".

   "La Junta de Andalucía tienen que continuar financiando los programas sociales y financiarlos suficientemente para no tener que recortar las jornadas del personal que se contrata como ha pasado en los últimos años  y esto es lo que no hace la Junta de Andalucía con los servicios sociales municipales, y además hay que hacerlo a través de transferencias de financiación porque no es de recibo que año tras año tengamos que presentarnos a las convocatorias de ayudas, con lo que ello supone de esfuerzo para la elaboración de proyectos, inquietud del personal cuyo nombramiento finaliza con cada convocatoria, interrupciones entre programas, entre otros asuntos", ha explicado De Pablo-Blanco.

   "El Ayuntamiento no ha desmantelado los servicios sociales ni piensa hacerlo, prueba de ello es el incremento de personal, sin precedente, que se ha hecho en el presente año con nueve auxiliares, funcionarios de plantilla,  para la dependencia o el incremento del presupuesto entre otras acciones", ha explicado De Pablo-Blanco, que ha concluido que "el gobierno no manda a nadie a las ONG, sino que financia tanto programas de ejecución directa por los profesionales de los servicios sociales como subvenciones a entidades con las que firma convenios de colaboración que incluyen la derivación de usuarios".

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