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Miércoles 27/11/2024
 
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Sevilla

Imputados el propietario y el conductor de un camión por falsedad documental

La Guardia Civil de Sevilla ha imputado al propietario de una empresa de transportes y al conductor de un camión por falsedad documental, al suplantar las placas de matrícula del vehículo, que contaba con varios embargos, la ITV caducada y no poseía seguro en vigor

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Agentes de la Agrupación de Tráfico de la Guardia Civil de Sevilla han imputado al propietario de una empresa de transportes y al conductor de un camión por falsedad documental, al suplantar las placas de matrícula del vehículo, que contaba con varios embargos, la ITV caducada y no poseía seguro en vigor.

Según ha informado la Guardia Civil en una nota de prensa, la investigación comenzó cuando los agentes especialistas en transportes inspeccionaron en la localidad sevillana de Alcalá de Guadaíra un vehículo articulado compuesto por una tractora Volvo FM. 42.B3.440.SN y un semirremolque Lecitrailer 3E.20, ambos con matrícula española y documentación aparentemente legal.

Sin embargo al inspeccionar la información del tacógrafo, se observa que aparece una matrícula diferente a la que portaba en ese momento, por lo que se comprueba el número de bastidor y se constata que la matrícula no corresponde con la que lleva el vehículo, en cuyo interior se localizan las placas legítimas.

A raíz de la investigación se evidenció que las matrículas se correspondían con tracto-camiones idénticos en marca, modelo, antigüedad y características técnicas, con la única diferencia de sus respectivos números de bastidor (VIN), y ambos propiedad de la misma empresa transportista.

Los agentes concluyeron que solo uno de los vehículos se encontraba en condiciones legales de circular pero no podía hacerlo por estar averiado, por lo que los imputados utilizaron las placas de matrícula de éste en el segundo camión.

Este segundo vehículo no debía estar circulando al tener la ITV caducada, carecer de seguro obligatorio y autorización de transportes y contar con varios embargos en vigor, además de una orden de precinto dictada por la tesorería general de la Seguridad Social.

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