La Oficina del Defensor del Pueblo Andaluz, dirigida por Jesús Maeztu, ha incoado una actuación de oficio ante el Ayuntamiento de Sevilla, por la supuesta grabación "ilegal" de decenas de conductores mientras se sometían a una segunda prueba de alcoholemia en las dependencias de la Jefatura de la Policía Local de La Ranilla.
A través de un escrito fechado el pasado 4 de febrero y recogido por Europa Press, la Oficina del Defensor del Pueblo Andaluz se hace eco de una información publicada por el Diario de Sevilla, acerca de "la grabación mediante sistemas de reproducción audiovisual no declarados de las pruebas de alcoholemia que realiza la Policía Local de Sevilla".
"Según aquellas fuentes de información, dos intendentes de la Policía Local decidieron, por supuestos motivos de seguridad, colocar a mediados de diciembre pasado dos cámaras sin pedir permiso alguno, en las dependencias de la Jefatura de la Policía Local de La Ranilla, en la habitación de la Oficina de Gestión de Atestados (OGA), a la que son llevados los conductores que han dado positivo en una primera prueba de alcoholemia (la que se realiza con el etilómetro en la vía pública), para someterse a una segunda prueba o contraste de la primera".
De tal manera, "en tales dependencias, la Policía Local grabó ilegalmente a decenas de conductores mientras se sometían a una segunda prueba de alcoholemia". "A la vista de la información hecha pública, hemos decidido iniciar actuaciones de oficio (...) para tratar de conocer lo sucedido", es decir "hechos, circunstancias concurrentes, responsables y número de personas afectadas, así como efectuar un seguimiento de las actuaciones que haya emprendido la Administración Municipal, y en particular la Delegación de Seguridad y Movilidad del Ayuntamiento, como responsable directa de la Policía Local, y la Alcaldía en cuanto desempeña la Jefatura Superior del Cuerpo".
