La Consejería de Justicia e Interior va a eliminar en la provincia de Sevilla 265.054 expedientes judiciales carentes de valor contenidos en 3.917 cajas, tal como acordó el pasado 26 de abril la Junta de Expurgo, órgano integrado por el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) y la Consejería de Justicia e Interior, con el objetivo de liberar espacio en los archivos de los juzgados y tribunales de la comunidad.

De esta forma, serán ya 1.069.571 los documentos judiciales carentes de valor destruidos en esta provincia desde 2012, cuando se puso en marcha este proyecto para eliminar expedientes de juicios de faltas y diligencias previas de entre los años 1945 y 2000, según han informado a Europa Press fuentes del departamento que dirige Emilio de Llera.

La eliminación de expedientes judiciales antiguos es acordada por la Junta de Expurgo, un órgano creado por el Gobierno andaluz y el TSJA para impulsar la gestión de este proyecto mediante el análisis y ordenación de toda la documentación susceptible de ser eliminada o conservada.

Uno de los criterios principales en la selección de los documentos judiciales que se van a eliminar o archivar es su interés judicial e histórico. De esta forma, se garantiza la conservación de la documentación con valores históricos o bien de aquélla que posea un relieve social, económico, político o cultural.

Para este año, la Consejería de Justicia e Interior prevé ampliar el plan de eliminación de documentos judiciales antiguos a tres procedimientos judiciales más de la jurisdicción penal, como son expedientes de recursos de apelación contra sentencias dictadas en juicios de faltas, de procedimientos abreviados y de juicios rápidos.


IMPORTANTE AHORRO

Los expedientes que ya han sido destruidos en Andalucía han supuesto para la Administración de Justicia un ahorro de 157.000 euros, ya que no tiene que hacer el gasto que supone mantener la custodia de esos documentos.

Este plan forma parte de las políticas de la Junta para el impulso de una Justicia digital y sin papeles, que contribuye a la protección del medio ambiente y al ahorro de costes y tiempo. El proyecto se enmarca también en la definición de un modelo único de tratamiento y gestión documental para el control y acceso al material desde su creación hasta su eliminación o conservación por interés judicial o histórico.

La Junta de Expurgo es un órgano colegiado de naturaleza administrativa presidido por una magistrada y que cuenta con el apoyo de un miembro de la carrera fiscal, un secretario judicial, el jefe de servicio de Documentación y Publicaciones de la Consejería de Justicia e Interior, un funcionario archivero y otro funcionario que hace las veces de secretario.

Este órgano determina la exclusión o eliminación de expedientes procesales o, en caso contrario, la transferencia de los mismos a la Administración competente en materia de patrimonio histórico.
DE LLERA DESTACA EL VALOR DE ESTA ACTUACIÓN

El consejero de Justicia e Interior, Emilio de Llera, ha destacado en declaraciones a Europa Press "el valor de esta destrucción masiva de documentos judiciales obsoletos para resolver uno de los problemas acuciantes de la Administración de Justicia", como es "la saturación de los archivos judiciales y la falta de espacio en sus instalaciones y que ofrecen una imagen desfasada y negativa de este servicio público".

De Llera ha asegurado que "no tiene ningún sentido conservar expedientes que no tienen nada de valor ni de interés y que están ocupando inútilmente un lugar en los archivos, un espacio que necesitamos liberar para acoger nuevos documentos o bien destinarlo a otros usos más perentorios".

A su juicio, "esta iniciativa continúa un proyecto iniciado que responde a una de las peticiones más insistentes que antes nos planteaba el TSJA, que nos consta que valora positivamente la destrucción de estos documentos judiciales".

El consejero ha reconocido también la gran labor e implicación de los secretarios judiciales en el desarrollo de esta iniciativa, así como el trabajo de los funcionarios de auxilio judicial que colaboran de forma decidida con los técnicos de archivo de la Consejería de Justicia e Interior.

Para finalizar, ha subrayado que este expurgo de documentación judicial antigua se inserta en la decidida apuesta del Gobierno andaluz por la modernización de la Administración de Justicia y el desarrollo de las nuevas tecnologías con el objetivo de ir avanzando hacia una progresiva eliminación del papel, lo que supondrá un ahorro medioambiental, de costes y de tiempo.