El pleno del Ayuntamiento de Sevilla, reunido este viernes en sesión ordinaria, ha rechazado la comisión de investigación solicitada por Participa, en torno al supuesto "concierto" atisbado por el Sindicato de Bomberos y la Fiscalía respecto a siete responsables de las guardias del servicio de extinción de incendios, para "enriquecerse" presuntamente de una suerte de "abuso" de las inasistencias a las guardias programadas y su necesaria cobertura.

Recordemos que el pasado mes de octubre de 2017, la sección del Sindicato Andaluz de Bomberos (SAB) en el Ayuntamiento hispalense denunciaba ante la Fiscalía los "sueldos desorbitados" cobrados durante 2016 por los siete mandos que realizan funciones de jefe de guardia en el servicio de prevención y extinción de incendios, a través de un "sistema abusivo de generación de horas extra" para su propio "enriquecimiento".

Según el SAB, sólo de las 744 horas de trabajo del mes de enero de 2017, los citados mandos habrían consumado 576 horas extraordinarias, con lo que "extrapolando estos datos a 2016, cada uno de estos siete jefes de guardia ha hecho una media de 1.000 horas extra al año, proporcionándoles una media de 40.000 euros adicionales al año".

Además, el SAB cuestionaba que tres de estos funcionarios, un técnico de informe y proyectos, el jefe de la Sección de Mantenimiento y el jefe del Departamento de Extinción de Incendios, "que tienen sus horarios de trabajos de 7,30 a 15,30, de lunes a viernes, realizasen horas extra de jefes de guardia a la vez que están en sus puestos ordinarios".

A tal efecto, y mediante un escrito fechado el pasado 2 de abril y recogido por Europa Press, la Fiscalía resumía que la denuncia del SAB alude a "posibles actuaciones concertadas entre diferentes responsables del servicio para obtener un enriquecimiento ilícito a costa de las arcas municipales, con la generación indebida de servicios de refuerzo retribuidos como horas extraordinarias, existiendo además funcionarios que percibirían su retribución ordinaria al mismo tiempo que retribuciones extraordinarias generadas en el mismo tiempo de trabajo de su jornada ordinaria".

LOS INDICIOS

En ese sentido, la Fiscalía detalla que una vez encomendada una investigación a la Unidad de Policía Judicial adscrita a los Juzgados y la Fiscalía, el atestado elaborado al respecto "desecha determinadas cuestiones" de la denuncia inicial al carecer las mismas de "relevancia penal", pero de otro lado detecta "indicios de que, mediante un abuso de las inasistencias a los servicios de guardia programados, los jefes de guardia hayan podido actuar concertadamente para la generación de voluntaria de esos servicios de refuerzo antes mencionados, con el correspondiente perjuicio a las arcas públicas".

Además, la Policía Judicial habría detectado que "tres de los profesionales que cubren de manera extraordinaria las vacantes de los jefes de guardia están destinados a su vez en otros servicios que supuestamente abandonan para prestar el servicio de refuerzo, simultaneando las dos retribuciones en la misma jornada".

"La Policía Judicial resalta las aparentes irregularidades (...), pero no descarta el atestado que esas aparentes irregularidades puedan tener una explicación que no se haya facilitado, pues los órganos del Ayuntamiento a los que se ha requerido información se han limitado a certificar que las bajas están debidamente acreditadas", agrega la Fiscalía.

En cualquier caso, y para esclarecer el asunto, la Fiscalía ha pedido a los juzgados de Instrucción que declaren como investigados los mandos del servicio de bomberos del Ayuntamiento de Sevilla señalados en el supuesto "concierto", así como que testifique el concejal de Seguridad, el socialista Juan Carlos Cabrera.

Dado el escrito de la Fiscalía, la moción elevada este viernes al pleno del Ayuntamiento de Sevilla por Participa abogaba por "constituir una comisión de investigación" en torno a este asunto, con relación al periodo comprendido desde enero de 2013 hasta ahora, para "depurar las posibles responsabilidades" políticas y administrativas. Y es que según el concejal de Participa Julián Moreno, "siete personas" estarían "dañando la imagen" del cuerpo de bomberos, perjudicando además a la bolsa de productividades destinada a los servicios extraordinarios.

"CLARIDAD Y TRANSPARENCIA"

En ese sentido, Moreno ha reclamado al Gobierno local socialista "claridad y transparencia", lamentando que no haya hecho "nada" pese a trascender el asunto a lo público y pedir medidas al respecto Participa Sevilla. La concejal de IU Eva Oliva, de su lado, ha corroborado que estos "hechos muy graves que requieren una explicación urgente" apuntan a una "merma en las arcas municipales", considerando que media en el asunto una "permisividad" y "descontrol" del Gobierno local socialista. "Políticamente, habrá que actuar", ha aseverado.

Por Ciudadanos, Javier Moyano ha apoyado la idea en defensa de "la transparencia" ante unos hechos que a su juicio son susceptibles de ser investigados. Es más, ha asegurado que tanto "si hay cualquier problemática" en este asunto como si no la hay, la celebración de una comisión de investigación supondrá "una lección" de transparencia y en ambos casos la imagen de los bomberos "saldrá reforzada".

En el caso del PP, el edil Jaime Ruiz ha recordado que los siete citados mandos de los bomberos señalados en este caso "no están encausados" por un juzgado, con lo que a su juicio la decisión de crear o no una comisión de investigación correspondería en un momento más avanzado del proceso judicial.

CABRERA VE MATICES EN LA DENUNCIA

Y por lo que respecta al PSOE, el concejal responsable del área de Seguridad, Juan Carlos Cabrera, ha avisado de que la denuncia del SAB se circunscribe a un periodo comprendido entre enero de 2016 y abril de 2017, mientras en 2013, por ejemplo, había efectivos del servicio de bomberos con "más guardias" que los propios jefes de guardia señalados en la denuncia. Por eso, ha visto "extraño" que el SAB haga una denuncia "totalmente delimitada" a un marco temporal.

A tal efecto, ha defendido que el Ayuntamiento está aportando a la Justicia la toda la documentación "pertinente" sobre el asunto, explicando que dado que el juzgado "no se ha manifestado todavía" ante la petición de la Fiscalía, corresponde mejor un procedimiento de "información reservada", y posponer una posible comisión de investigación al momento en el que "se abra un procedimiento penal" su finalmente así sucede".

Así las cosas, la moción de Participa no ha sido aprobada, finalmente, al votar a favor sus ediles, los de Ciudadanos y los de IU, pero abstenerse el PP y votar en contra el PSOE, preguntando Julián Moreno "qué miedo hay" a dilucidar si hay "responsabilidades políticas o administrativas" por esta situación.