Alrededor de 400 agricultores y una veintena de tractores han llegado hasta la Plaza de España este jueves para mostrar su rechazo al Decreto aprobado por el Gobierno que acelera el proceso de convergencia por el que se busca nivelar las ayudas que perciben los agricultores de una misma región.  

Este Real Decreto, que rompe la convergencia que de manera paulatina se estaba aplicando desde 2015, ha venido a enturbiar un momento clave, ya que los países miembros de la UE están en pleno proceso de negociación del nuevo modelo de la PAC a partir de 2023.

Ambos frentes abiertos han sido calificados por las cuatro organizaciones agrarias que han protagonizado la protesta en Sevilla (Asaja, COAG, UPA y Cooperativas agroalimentarias) de "innecesarios" y son entendidos como un golpe que se le asesta al campo andaluz, y sevillano, que no sólo pone en peligro la viabilidad de un sector que representa el 37% del valor añadido de toda la producción agroalimentaria de España sino que pone en riesgo incluso la supervivencia de pueblos enteros. El 85% de los beneficiarios de ayudas de la PAC viven a menos de 20 kilómetros de sus explotaciones.

En relación con el Decreto de Convergencia, el manifiesto leído por los convocantes antes de hacerle entrega del mismo al subdelegado del Gobierno en Sevilla recoge que la norma estatal se traducirá en que 17.000 agricultores sevillanos (más de un 60% de los que existen) verán mermadas sus rentas entre un 10 y un 20%. Esto supondrá para Sevilla unas pérdidas en 2021 y 2022 (periodo transitorio hasta la entrada en vigor de la nueva PAC) de aproximadamente 14 millones de euros (en Andalucía, estas pérdidas superarán los 47 millones de euros). Las pérdidas "se cebarán con los profesionales que han generado unos derechos más altos por haber invertido en regadío, tecnología, maquinaria y mejora de las explotaciones para producir más y generar también más puestos de trabajo. El campo entiende que este Real Decreto supone "perpetrar una reforma anticipada a la reforma" de la PAC. 



De cara a esa reforma que ya está encima de la mesa, las organizaciones agrarias exigen al Gobierno de España que siga defendiendo el "peso específico" de Andalucía para que la comunidad no pierda presupuesto. Para que esto se consiga, los agricultores entienden que hay que mantener las 50 regiones de ayudas definidas en atención a la comarca, el tipo de producción y los niveles de ayuda. La provincia de Sevilla participa en 14 de estas 50 regiones. Este modelo, explican las organizaciones, permite "objetivamente, que dos agricultores con la misma orientación técnica y con tierra de similar potencial puedan disponer del mismo apoyo independientemente de la zona de España donde se encuentren". 

Por ello, "no hay necesidad", abundan, de cambiar este modelo y es "rigurosamente falso que la Comisión exija o proponga la conveniencia de eliminar el actual modelo". Los planes del Ministerio de Agricultura, según las organizaciones del sector, no pasan, sin embargo, por mantener el número de regiones sino por todo lo contrario. Aseguran que las intenciones son reducirlas de manera que "todas las hectáreas cobrarán igual para finalizar eliminando los derechos nominativos de los agricultores". Esto supondrá, en el peor escenario posible, la reducción de un 50% del presupuesto que perciben actualmente 232.000 agricultores en Andalucía, en torno a 1.300 millones de euros. En el caso de Sevilla, 180 millones de pérdidas. 



El campo andaluz también recuerda que siguen esperando un año después medidas con las que combatir el desplome de los precios en origen mientras siguen disparados los costes de producción y reclama inspecciones efectivas de las importaciones. "No pararemos e iremos donde tengamos que ir para evitar este atraco a mano armada", ha concluido la protesta en la Plaza España.