La Policía Nacional ha desmantelado un grupo criminal que actuaba en las provincias de Madrid y Toledo que llegó a estafar unos 250.000 euros tras suplantar la identidad de 140 clientes de banco, a los que carteristas miembros de esta red habían robado su documentación mientras viajaban en transporte público.
Según informa la Dirección General de la Policía, han sido detenidas 39 personas y se han recuperado 281 documentos sustraídos, tres falsificados y 20 carnés de conducir robados dispuestos para cometer nuevos delitos.
La investigación se inició el pasado mes de enero tras conocer la existencia de un grupo organizado con una alta especialización en las estafas bancarias y financieras, entre otros delitos.
La red criminal contaba incluso con un grupo de carteristas que se dedicaban a sustraer documentaciones en el transporte público que posteriormente facilitaban a la organización, quienes las utilizaban para hacerse pasar por clientes ante entidades bancarias y abrir nuevas cuentas o adquirir vehículos.
En la cúspide de la organización se encontraba el principal cabecilla de la trama. Bajo su mando inmediato, se situaban personas encargadas de conseguir la documentación y su posterior reparto, así como de la confección de los grupos de trabajo que se encargaban de actuar por las diferentes oficinas bancarias.
En un escalón inferior estaba el aparato de captación, que reclutaba a las personas que actuaban en las oficinas bancarias y que llegaban a adoptar apariencias similares a la de la persona que suplantaban.
Estos captadores también fichaban a quienes facilitaban sus cuentas bancarias para el desvío de fondos y/o reintegros en efectivo, fundamentalmente personas desfavorecidas a las que la organización pagaba en metálico o en drogas.
Lo primero que hacía la organización era comprobar las cuentas corrientes de las víctimas mediante la petición de saldo o realizar un microingreso. Posteriormente procedían a la modificación del teléfono y correo electrónico, de forma que "secuestraban" la cuenta, al disponer de las comunicaciones de seguridad y uso de su banca electrónica.
También, previa solicitud de la situación global de la cuenta, llevaban a cabo el reintegro en efectivo del dinero o el desvío a otras cuentas controladas por la organización.
A su vez disponían de una red de personas a sueldo que de manera inmediata sacaban en efectivo el máximo capital posible y lo transferían a terceras cuentas, con la intención de dificultar el seguimiento y trazabilidad del dinero ante la posibilidad de que estas quedaran bloqueadas, una vez la victima denunciara los hechos.
La organización contaba con la ayuda de otros delincuentes los cuales, a través de potentes equipos informáticos, eran capaces de confeccionar nóminas y vidas laborales, a fin de dar apoyo y mayor credibilidad a las operaciones financieras que realizaban con los DNI sustraídos.
Estas operaciones, no sólo se ceñían a las estafas en bancos o contratación de líneas de crédito online, sino que incluía el tráfico ilícito de vehículos con la adquisición de automóviles de alta gama.
Tras adquirir los turismos con financiación obtenida empleando los documentos falsificados, los revendían en el mercado negro del norte de África antes de que se descubriera el impago a las financieras y así evitar posibles órdenes de embargo que pudieran bloquear su salida de España. Uno de estos vehículos pudo ser recuperado cuando se disponían a embarcarlo en un buque con destino a Argelia.
A los 39 detenidos se les imputan los delitos de pertenencia a organización criminal, estafa, falsedad documental, usurpación de estado civil y tráfico de drogas.
