El pleno del Congreso dará hoy el visto bueno definitivo a la ley de modificación del sistema de protección a la infancia y a la adolescencia, que sitúa a España "a la vanguardia" en este terreno y que constituye "un hito" y "una magnífica noticia" para los niños y adolescentes españoles.
Así lo ha destacado el ministro de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad, Alfonso Alonso, en el pleno del Congreso, durante el debate de las enmiendas procedentes del Senado a este proyecto de ley, que ha seguido desde su escaño, a la espera de que la reforma se apruebe esta tarde en votación con la mayoría absoluta del PP.
Alonso ha querido tomar la palabra para reconocer el trabajo realizado en ambas Cámaras y la disposición de todos los grupos al diálogo para hacer realidad esta ley que prevé reforzar los derechos de los menores y que prestará especial atención a aquellos que están en situación de vulnerabilidad.
Uno de los aspectos más importantes de la nueva norma, que modifica 20 leyes distintas, es la definición de los supuestos de desamparo que permiten a la administración separar a un menor de su familia cuando exista maltrato por parte de los progenitores o tutores, sin tener en cuenta ni la pobreza ni la discapacidad de sus padres.
La ley prima también el acogimiento familiar frente al residencial y ya no requiere contar con el visto bueno de la familia de origen a la hora de elegir a la de acogida, sino que será la propia administración la que decida, lo que permitirá ahorrar tiempo.
Se reconoce a los menores extranjeros el derecho a todas las prestaciones sociales en igualdad de condiciones que los españoles y se refuerza su derecho a la hora de realizar las pruebas para determinar su edad.
La ley otorga un plazo de seis meses al Ministerio de Justicia para poner en marcha un registro central de delincuentes sexuales, que impedirá que las personas incluidas en el mismo realicen actividades u oficios en las que estén en contacto con menores.
Además, los menores expuestos a una situación de violencia de género serán considerados víctimas, como sus madres, y evita que el asesino pueda cobrar la pensión de viudedad de su víctima.
El texto incorpora 150 enmiendas del Congreso tal y como fueron formuladas y otras 40 transaccionadas, mientras que en su trámite en la Cámara Alta se incluyeron 34 en sus términos y se consensuaron 11, ha señalado la portavoz del PP Macarena Montesinos.
Esta diputada ha destacado que los niños y niñas van a tener más opciones de futuro y ha rechazado las acusaciones de que el Gobierno "haya mirado hacia otro lado" en el tema de la pobreza infantil.
"Todo lo contrario -ha asegurado-, se arremangó y se puso a trabajar en beneficio de la infancia y de las familias".
El portavoz del PSOE Luis Carlos Sahuquillo ha asegurado que su grupo, que se abstuvo en el anterior debate en el pleno, comparte las líneas generales de la ley, pero ha criticado que no vaya acompañada de dotación económica.
"Bienvenida sea esta ley, compartimos el diagnóstico pero las formas no nos parecen las más adecuadas", ha dicho Sahuquillo, quien ha echado en falta "una mayor apuesta por lo público", más y mejores medidas de apoyo a las familias acogedoras y un mayor esfuerzo en el tema de los menores extranjeros no acompañados y menores tutelados.
Por su parte, los portavoces de CiU y PNV han criticado que la ley invade competencias autonómicas en algunos aspectos como la adopción internacional, lo que ha negado la diputada del PP al asegurar que es respetuosa con las autonomías, a las que ofrece cauces de participación.
Por el PNV, Emilio Olabarria ha considerado que es "una buena ley" a pesar de que debería "cuidar mejor" algunas competencias autonómicas en materia de tutela a menores y adopción internacional, aunque le falta "la incorporación de una santa vez de políticas natalistas".
En parecidos términos respecto a las competencias se ha expresado el diputado de CiU Carles Campuzano, que ha subrayado que la ley "liquida el modelo catalán de adopciones internacionales" y supone un retroceso a 1960, lo que ha llevado a su grupo a rechazarla "frontalmente", a pesar de estar de acuerdo en algunos aspectos.
En contra también se ha manifestado la Izquierda Plural, cuyo diputado Josep Pérez Moya ha lamentado que se haya perdido la oportunidad de afrontar la protección de niños y adolescentes desde una visión integral y ha considerado que la creación de un registro de delincuentes sexuales "es un error garrafal".
De "ley necesaria" la ha calificado la portavoz de UPyD Rosa Díez, quien ha dicho no entender el motivo de la incorporación en el Senado de una enmienda que suprime la protección a los miembros de las familias numerosas, un "error" que la portavoz del PP ha garantizado que se va a subsanar.
La modificación del sistema de protección de la infancia y la adolescencia aprobada hoy entrará en vigor 20 días después de su publicación en el BOE.
