España, con una de las tasas de delincuencia más bajas de la Unión Europea, tiene sin embargo la segunda tasa de encarcelamiento más alta, motivado por sucesivas reformas del Código Penal que han ido endureciendo las condenas por delitos contra el patrimonio y el tráfico de drogas, los dos más frecuentes en los presidios nacionales. Un estudio de las ONG que trabajan con esta población sostiene que atendiendo a las cifras oficiales, la mitad de los reclusos deberían estar en la calle o cumpliendo medidas alternativas.

   El trabajo, elaborado por la Red de Entidades Sociales del Entorno Penitenciario (Rosep) ha sido presentado en Madrid por tres de sus portavoces, Jorge Ollero, Álvaro Crespo y Juan Carlos Jiménez, y se basa en las estadísticas oficiales sobre población reclusa en España. Evidencia que existe una superpoblación penitenciaria y lo atribuye al fallo del Estado del bienestar: es la población vulnerable la que acaba entre rejas.

   Según los datos que recopila, en España se cometen 44,7 delitos por cada 1.000 habitantes, un 27% menos que en la media europea. Mientras, la tasa penitenciaria es de 101 personas por cada cien mil habitantes, un 32% más alta que la media comunitaria. El promedio de tiempo de condena también es más alto: en España se cumplen unos 18 años, frente a los 7,1 del entorno comunitario. En Alemania son 8,5, en Francia 8,4 y en Italia, 6,1.

EL 65% TIENEN PROBLEMAS DE ADICCIÓN

   En cuanto a los reclusos, seis de cada diez lo son por delitos contra el patrimonio (hurto o robo con fuerza sobre las cosas) y contra la salud pública (tráfico o posesión de drogas). El perfil medio es el de un varón entre 21 y 40 años que cumple unos 8 años por delitos contra la propiedad. El 49% tiene estudios básicos, el 5% no sabe leer y el 9,1% no tiene estudios. Hasta un 65% tiene drogodependencia. "Al final vemos que a la cárcel van los mismos de siempre", señala Ollera.

   Precisamente, el estudio atribuye la súper población penitenciaria a la desigualdad en España porque, afirma, "en vez de responder a problemas sociales con un Estado social que protege, responde con un Estado Penal que encarcela a los más vulnerables por delitos que son fruto de su situación de exclusión social".

   El estudio incide en que "Si España tuviera una tasa de encarcelamiento acorde a su tasa de criminalidad y a la media europea, la población penitenciaria debería ser de 30.769 personas en vez de 61.614". "Un 50 por ciento de personas encarceladas deberían estar en libertad", asegura.

   Con las mujeres, la proporción sería mayor. Si en España sólo estuvieran en la cárcel las mujeres que han cometido delitos violentos (homicidio o similares, lesiones, contra la libertad y contra la libertad sexual), habría en 556 reclusas en lugar de las 4.106 que se contaban al cierre del año pasado. "La prisión no debe usarse como solución aparente a los problemas sociales (...) Debería ser el último recurso", dice el informe.

   Sus autores defienden que es posible reducir el volumen de reclusos sin que aumenten la criminalidad o la alarma social, ya que en los últimos seis años la población penitenciaria ha caído en 14.000 personas y las tasas de delincuencia han seguido a la baja. De hecho, en los años 80 había 30.000 personas en las cárceles, 10.000 menos que ahora, y la tasa de criminalidad era más baja que en la actualidad.

4 AÑOS Y 9 MESES POR 4.000 EUROS

   Rosep sostiene que la solución pasa por ampliar el abanico de penas alternativas disponibles y establecer mecanismos que potencien su concesión y Ollera lo ilustra con un ejemplo: "Si me rompen la ventanilla del coche y me arrancan la radio es una faena, pero prefiero que ese chaval esté un tiempo trabajando para mi comunidad de vecinos a que pase 15 años en la cárcel".

   No fueron 15 sino 4 años y 9 meses de prisión los que cumplió Thomas en cuatro cárceles españolas distintas por un delito continuado de estafa: generó un total de 4.000 euros en facturas de hotel y no las pagó. La Rosep recuerda que para cometer un delito de hurto hay que sustraer por encima de 400 euros y para cometer un delito contra la hacienda pública hay que defraudar más de 120.000.

   El caso de Thomas es para estas entidades además, un ejemplo de desproporción, pues el coste para la sociedad de sus casi cinco años de cárcel es mucho más elevado que los 4.000 euros que adeudaba. Coinciden también al afirmar que si los hubiese podido reunir o hubiese podido contratar a un abogado, no habría acabado tanto tiempo privado de libertad.

   La red defiende además que quienes están encarcelados deben disfrutar de manera efectiva de todos los derechos que no hayan sido limitados por la condena, aumentando los recursos destinados a la reinserción, asunto sobre el que Thomas también ha incidido en base a su experiencia personal. Según ha dicho, después de la cárcel esos programas "ya no sirven" porque la persona se ve en la disyuntiva entre intentar una nueva actividad para la que no ha sido preparado o retomar la delictiva.

   "Si en Estados Unidos han llegado a la conclusión después de haber tenido a dos millones de personas en prisión, de que meter a la gente en la cárcel no soluciona los problemas, esperamos que en España no tardemos tanto", ha comentado Ollera. Quieren abrir el debate, que se deje de legislar en caliente y que se elimine la prisión permanente revisable, una aberración a su juicio que va contra el principio constitucional de la reinserción.