El informe anual del Defensor del Pueblo advierte de que llamar al 016 de atención telefónica a la violencia de género no deja rastro en la factura pero sí en el terminal, pues tanto los fijos como los móviles a menudo ofrecen un listado de llamadas salientes que puede exponer a la mujer que ha establecido la comunicación si ella no lo borra manualmente.

"Esta situación puede suponer un riesgo para la persona que requiere ayuda, puesto que su agresor, si el número utilizado no desaparece de la lista de llamadas, puede percatarse de su realización, sobre todo si se tiene en cuenta que el comportamiento general de estas personas es de carácter controlador", dice el informe que la Defensora, Soledad Becerril, ha entregado este martes en el Congreso de los Diputados.

Sin embargo, conforme reconoce el mismo texto, "la eliminación de forma automática de los registros de las llamadas que se realizan al 016 en los terminales fijos o móviles, por parte de los operadores prestadores del servicio telefónico disponible al público, no es técnicamente posible".

APPS QUE BORRAN LAS LLAMADAS SALIENTES

"Los terminales actuales, tanto fijo como móviles, disponen generalmente entre sus opciones de la configuración de la posibilidad de realizar el borrado manual de las llamadas realizadas. Asimismo, en alguna de las tiendas de aplicaciones para teléfonos inteligentes (smartphones) se pueden encontrar aplicaciones gratuitas que permite configurar este borrado de una forma automática", explica.

Con todo, esto puede suponer un problema para las mujeres de mayor edad, menos familiarizadas con las tecnologías. Preocupada por esta situación, la Defensora del Pueblo inició actuaciones con la Secretaría de Estado de Asuntos Sociales y con la Secretaría de Estado de Telecomunicaciones y Sociedad de la Información, institución responsable de la regulación del 016 que estableció la obligación de las operadoras de ocultar el número en las facturas.

El informe señala que la Administración tomó medidas, como introducir en el protocolo de atención de la línea 016, la obligación de que los operadores informen a la usuaria al término de la conversación de la importancia de borrar manualmente el número del registro de llamadas salientes.

Con todo, a su juicio "las compañías fabricantes de móviles deberían participar en una solución técnica por la que se propiciase el borrado automático del registro de llamadas realizadas al 016".

La Secretaría de Estado de Servicios Sociales e Igualdad remitió por ello una carta sobre este asunto a la Secretaría de Estado de Telecomunicaciones en diciembre de 2015 en la que expresaba que "sería conveniente conseguir que los suministradores de terminales telefónicos móviles o fijos pudieran eliminar de manera automática el número 016 del listado de llamadas realizadas".

En respuesta, la Secretaría de Estado para la Sociedad de la Información y Agenda Digital "reitera" que "la gestión de los registros de cada terminal móvil no es posible técnicamente por parte de las compañías operadoras y sólo se puede realizar desde cada terminal", tal y como recoge el informe.

SIN PRESUPUESTO PARA INSERCIÓN DE VÍCTIMAS

No es el único asunto de preocupación en materia de violencia de género que ocupó a la institución en 2006. El trabajo destaca "la falta de dotación presupuestaria específica" para financiar los programas de inserción sociolaboral de mujeres víctimas de violencia de género, lo que convierte esta iniciativa en "ineficaz".

"Las actuaciones realizadas han permitido conocer la falta de desarrollo de procedimiento para el cobro de las subvenciones previstas en esta orden en Andalucía, pero dado que se trata de un programa de ámbito estatal su falta de dotación presupuestaria tiene incidencia en todo el territorio nacional", señala el informe.

Según expone, al finalizar el año 2016 la Consejería de Empleo, Empresa y Comercio de la Junta de Andalucía ha instado al Servicio Público de Empleo Estatal para que se dote con los fondos necesarios las
subvenciones solicitadas al amparo de lo previsto en el Real Decreto que en 2008 reguló los programas de inserción sociolaboral.

Además, el trabajo se hace eco de la queja de una mujer por "problemas técnicos que el dispositivo telemático de localización para el cumplimiento de la pena de alejamiento" que se le había impuesto a su maltratador, condenado por intento de homicidio.

El Defensor del Pueblo ha recomendado a la Administración que la comisión de seguimiento del uso de brazaletes GPS para maltratadores "estudie la posibilidad de impulsar mejoras técnicas aplicables al sistema de seguimiento por medios telemáticos, a fin de dotarlo de una mayor seguridad y eficacia, en beneficio y para la tranquilidad de los usuarios", aunque la Administración aún no ha contestado.