El Ayuntamiento de Torremolinos y Astosam - Aguas de Torremolinos han firmado esta mañana un convenio para establecer un protocolo que evite cortes de suministro de agua a los colectivos sociales más desfavorecidos. De esta manera, se crea un fondo social dotado con 20.000 euros para cubrir el abono de facturas tanto de agua como de basura en aquellos casos en los que la Delegación de Bienestar Social detecte riesgo de exclusión social.
El alcalde del municipio, José Ortiz, ha suscrito hoy el acuerdo junto al gerente de Aguas de Torremolinos, Pedro Peña, acompañados por el concejal de Agua y Saneamiento y Bienestar Social, Jesús Díaz. De esta manera, se prestará ayuda a aquellos que por su situación se vean en la dificulta de hacer frente a sus pagos por el recibo de agua y basura.
“El Ayuntamiento debe poner al alcance de los vecinos los medios para cubrir los servicios básicos para su bienestar”, ha asegurado José Ortiz, quien ha recordado que estas ayudas “se unen al convenio firmado con Endesa para luchar contra la pobreza energética y hacer frente al pago de los recibos de la luz”. El alcalde ha hecho referencia a la situación de muchas familias que con la actual situación de crisis no tienen para pagar estos servicios, “siendo el agua un bien esencial, por lo que junto a Astosam hemos encontrado un instrumento para hacer más fácil la vida a aquellos que se encuentran en las situaciones más acuciantes”.
“Entendemos que, debido a la crisis económica, hay un descenso en los ingresos de muchas familias, por lo que tendemos la mano al Ayuntamiento para poner en marcha medidas como ésta, que tienen como fin dar el mejor servicio al ciudadano”, ha asegurado por su parte Pedro Peña.
Jesús Díaz, concejal de Bienestar Social, ha mostrado su satisfacción por la firma del convenio. “El Ayuntamiento está comprometido, dentro de su política social, a conseguir que los servicios sociales estén dirigidos a los ciudadanos y ciudadanas que más lo necesiten, procurando de ese modo el mayor bienestar de nuestra población”, ha puntualizado Díaz.
Esa medida se une a la de la lucha contra la pobreza energética aprobada el pasado 16 de junio con el objetivo de coordinar el pago de ayudas municipales por las deudas generadas ante el impago en el suministro de electricidad de ciudadanos con dificultades económicas.
