La corporación municipal ha aprobado por unanimidad la moción presentada por Ciudadanos para valorar una revisión de oficio del desarrollo urbanístico de la reparcelación del sector conocido como ‘Campo de Golf’ debido a las instalaciones previstas construir en esos terrenos. Así, tras diez años de abandono, los partidos políticos se han mostrado favorables a reabrir este caso urbanístico que afecta a 25 familias de Torremolinos y realizará un informe jurídico para desbloquear la situación en la que se encuentra, además de aclarar el presunto perjuicio que conlleva a las arcas municipales y que estaría cerca de los 10 millones de euros.
Maribel Tocón, portavoz del equipo de Gobierno, ha aclarado ante una veintena de miembros de la Asociación de Vecinos afectados de la Senda del Pilar asistentes en el pleno que “estamos ante uno de los mayores pelotazos urbanísticos que se han dado en esta ciudad durante los años de gobierno del PP”. Además, ha asegurado que los propietarios se sienten engañados y estafados por estar pagando durante años unas cargas económicas fruto de una especulación urbanística salvaje que recuerda al caso Malaya, entre otros”.
Ángeles Vergara, portavoz de Ciudadanos, ha asegurado que estos vecinos “vieron sorprendida su tranquilidad con delirios urbanísticos posteriores a la construcción de sus civiendas que ni les van ni les vienen. Esto ha llevado a que tengan cargas económicas por servicios que ni necesitan ni han solicitado”, ha aclarado Vergara.
La asociación lleva años denunciando cómo se han visto obligados a contribuir económicamente de forma desproporcionada con las cargas de urbanización.
Así, gracias al apoyo unánime de la corporación municipal y el concejal no adscrito se ha puesto en marcha la elaboración de un informe que estudiará la asignación de aprovechamiento a los afectados, las cargas de urbanización, así como otros perjuicios hacia los propietarios.
Personal del Consistorio
Durante el pleno también se ha aprobado un dictamen sobre la productividad del personal del Ayuntamiento, así como otro para regular su movilidad temporal, ya que son muchos los que losolicitan por necesidad del trabajo o por mayor ulitidad en otra área.
Carmen García, concejala de Administración Pública, ha declarado que “antes se concedían de manera arbitraria, por lo que este reglamento es una garantía para el trabajador y para los jefes de servicio, que pueden concederlo o no en base a criterios objetivos”.
En cuanto al complemento de productividad, se ha establecido un sistema reglado de concesión o retirada de los mismos, ya que, según ha explicado García, “se han producido situaciones muy injustas en las que algunos trabajadores ya no realizaban las tareas que provocaron su concesión y, sin embargo, las seguían percibiendo, muchos de ellos superando los 2.000 euros mensuales”, ha aclarado la edil de Administración Pública.
