Así lo informaron ayer fuentes jurídicas, que han señalado que el magistrado recibió la semana pasada una traducción no oficial –elaborada por la propia Embajada de Israel en España– de la documentación, unos 300 folios en inglés y en hebreo, que el Gobierno de Tel Aviv le remitió el pasado 30 de enero, cinco meses después de que el juez de la Audiencia Nacional se la solicitara.
A falta de la traducción oficial, las fuentes consultadas aseguran que la conclusión que se extrae de los documentos es que en Israel nunca tuvo lugar una investigación judicial sobre el ataque, en el que murieron un líder de Hamás y catorce civiles, por lo que Andreu considera que es competente para seguir adelante con la instrucción.
Cuando tuvieron lugar los hechos, tanto el procurador de las Fuerzas Armadas (fiscalía militar) como el asesor legal del Gobierno se opusieron a una investigación de los hechos, decisión que fue recurrida ante la Corte Suprema de Justicia por un movimiento pacifista y un grupo de escritores israelíes.
