La juez Mercedes Alaya, instructora del caso de los ERE, afirma que en la información facilitada por la Guardia Civil se comprueba con "claridad" el presunto enriquecimiento ilícito del exconsejero andaluz Antonio Fernández.
En un auto al que ha tenido acceso Efe, la juez afirma que "resulta con claridad, sin necesidad de mayores argumentaciones, y sin perjuicio de los detalles que en su caso puedan ser concretados, un presunto enriquecimiento ilícito que podría ser constitutivo de delito de cohecho o blanqueo de capital".
Esta "hipótesis criminal" es la que "puede explicar razonablemente" que Fernández, "con su sueldo de consejero, adquiriera en el año 2008 cuatro inmuebles, dos para él y dos para su hijo", precisa la magistrada.
Según Alaya, cuando fue viceconsejero y consejero de Empleo, Fernández adquirió cuatro viviendas y dos garajes entre 2001 y 2008 y percibió, junto a sus hijos, 602.806 euros de origen desconocido a través del abono en cuentas bancarias o fue utilizado para la compra de dichos inmuebles.
La juez ha dictado el auto en respuesta al recurso presentado por Fernández para que se levantara esta nueva acusación que le hizo en febrero pasado, lo que desestima.
El exconsejero se quejó en su recurso de que se investigara a su familia, y la instructora responde que cuando rechazó esa línea de investigación, en enero de 2012, "no estaba justificada la investigación patrimonial de él con dicha amplitud, pues no se observaba, repetimos en aquel entonces, indicios de enriquecimiento".
Tras el recurso, la juez sí acepta requerir a la Guardia Civil para que emita un informe ampliatorio en el que se detallen los indicios que llevaron a la investigación patrimonial y en el que se incorpore toda la documentación que haya servido de base al informe policial patrimonial.
Alaya acepta esta ampliación "para dar adecuada respuesta a los interrogantes que plantea" Fernández "sobre los mimbres utilizados por la Guardia Civil para dicho informe patrimonial", y también en "aras de la máxima transparencia".
Por ello, la juez demora la declaración del exconsejero hasta que no se realice el informe ampliatorio.
